Entra en vigor la Ley: Las Administraciones tendrán que controlar el gasto

TCAM-NACIONAL/M.P.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera entra hoy en vigor, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y según el gobierno, convierte a España en el país más avanzado de Europa al establecer el principio de estabilidad presupuestaria en su ordenamiento jurídico para todas y cada una de las administraciones y empresas públicas. A partir de ahora, la deuda no podrá superar el 60% del PIB y si se producen incumplimientos se establecerán sanciones que podrían llegar a la intervención de una Comunidad Autónoma o a la disolución de una Corporación Municipal.

Antonio Beteta y Marta Fernández Currás 

El Gobierno señala que asume su responsabilidad constitucional de coordinar la política económica del conjunto de las Administraciones Públicas con esta Ley, la primera que aprueban las Cortes Generales en esta Legislatura. Además, durante su trámite parlamentario ha incorporado el respaldo de los grupos nacionalistas, así como el apoyo de todas las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

«Las Administraciones Públicas deben corregir sus desequilibrios»

Según la Secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, “el principal problema de la economía española es su financiación y, por ello, las Administraciones Públicas deben corregir cuánto antes sus desequilibrios para así permitir y dejar espacios a la financiación de los emprendedores”.

Beteta asegura que no dejarán caer a ninguna comunidad

Para el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, “este Gobierno, desde el principio, ha dicho que no va a dejar caer ninguna comunidad porque todos somos Estado, y ha tomado muy destacadas medidas para darles liquidez: ha adelantado los pagos a cuenta, ha diferido en 10 años las devoluciones y ha establecido un mecanismo sin precedente de pago a proveedores de las administraciones territoriales”. 

Este es el vídeo explicativo sobre Ley de Estabilidad Presupuestaria que ha publicado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: 

Todas las administraciones tendrán que cumplirEl Gobierno anuncia que con la entrada en vigor de la Ley de Estabilidad, esta será la norma con la que tendrán que ser examinados en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera las correcciones y justificaciones de los Planes Económico Financieros de Reequilibrio en los que las Comunidades Autónomas tienen que especificar cómo van a cumplir con el objetivo de déficit del 1,5% previsto en 2012.Se trata de una reelaboración, porque cuando remitieron las primeras versiones de estos planes en los meses de febrero y marzo se desconocían muchos de los datos definitivos que deben figurar en los mismos. Además, en algunos casos se siguieron en parte algunas de las estimaciones ficticias que hizo el Gobierno anterior al no presentar unos Presupuestos Generales.Con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno señala que ya ha dado a las Comunidades Autónomas las cifras reales de ingresos que recibirán en 2012 por transferencias del Estado, y los Planes Económico Financieros de Reequilibrio se tienen que elaborar conformea las previsiones reales de ingresos.Tras recibir los Planes de Reequilibrio, que el Gobierno hará públicos, se revisarán en 15 días, y en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará a mediados de mayo, el Gobierno junto a las CCAA debatirán cada uno de ellos, aprobándose o rechazándose. Los Planes se harán públicos.El Gobierno manifiesta que espera que todas las CCAA puedan cumplir con el objetivo de estabilidad, y para eso ha anunciado medidas en materia sanitaria y de educación que contribuyen a garantizar el cumplimiento por parte de las Comunidades Autónomas.En el caso de que las medidas contempladas en un plan no garanticen el cumplimiento del objetivo de déficit, el Gobierno pondrá en marcha las medidas contempladas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ya en vigor, que llegan incluso hasta la intervención de una Comunidad Autónoma o la disolución de una Corporación Municipal.

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