TCAM-CHICLANA/M.P.
La Guardia Civil de Cádiz ha puesto a disposición judicial a 38 personas implicadas -seis detenidos y 32 imputados- en una trama dedicada a la especulación urbanística en la localidad de Chiclana de la Frontera. Entre los implicados figuran promotores, constructores, arquitectos, arquitectos técnicos, tasadores, abogados, agentes de la propiedad inmobiliaria, agentes colaboradores de entidades financieras, testaferros y particulares.
La Guardia Civil de Cádiz, concretamente el Equipo de Delincuencia Urbanística, ha desarticulado una organización dedicada a la especulación urbanística en Chiclana de la Frontera, donde han puesto a disposición judicial a 38 personas por delitos de falsedad documental, contra la ordenación del territorio, estafa y organización criminal.
Compra de fincas para construir viviendas ilegales
La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, por medio de su Equipo de Delincuencia Urbanística, en el marco de la operación “Yate”, iniciada para la investigación de diversos delitos que se venían cometiendo en el término municipal de Chiclana de la Frontera, con motivo de la compra de fincas y su posterior división en parcelas para construir viviendas unifamiliares de forma ilegal, mediante la comisión de delitos de falsedad documental, estafa y organización criminal, entre otros.
Como consecuencia de estas investigaciones, se detectó que varias empresas del sector inmobiliario se estaban dedicando a comprar fincas en suelos donde el PGOU municipal de Chiclana de la Frontera no permitía usos residenciales, con la intención de dividirlas en parcelas, para luego venderlas por separado.
Para conseguir vender estas parcelas necesitaban obtener notas simples registrales de las mismas. Para obtenerlas, utilizaban los servicios de un arquitecto, que emitía certificados de antigüedad firmados por técnicos competentes a nombre de los solicitantes o testaferros, para ocultar los nombres de los promotores/constructores, donde decían que en las fincas objeto de venta habían viviendas con antigüedades superiores a cuatro años.
Con estos certificados, tras ser visados por el Colegio de Arquitectos, los promotores/constructores, conseguían que los Notarios autorizaran en escrituras públicas las Declaraciones de Obra Nueva de viviendas que no existían. Acto seguido, procedían a la División Horizontal de estas supuestas viviendas, en tantos departamentos como permitiesen las dimensiones de la vivienda declarada, a los que les correspondía una parte proporcional del terreno. Finalmente los inscribían en el Registro de la Propiedad de Chiclana de la Frontera.
Ya sólo tenían que pedir la nota simple de la parcela que querían vender, para convencer a los compradores de que estaba en regla y para utilizarla en Notaría como documentación registral del bien inmueble que se vendía. Después anunciaban las parcelas en las inmobiliarias de la zona. Una vez encontraban compradores les vendían las parcelas, con o sin vivienda construida, según los casos. Si los compradores necesitaban financiación ajena para comprar la parcela y construir la nueva vivienda, entonces acudían a agentes financieros, que estaban en connivencia con los promotores/constructores, quienes se encargaban de realizar las gestiones necesarias para la obtención de los préstamos hipotecarios, llegando a falsificar la documentación relativa a la información económica de los solicitantes.
Falsificaban tasaciones de viviendas
Como la vivienda a hipotecar todavía no estaba construida, los tasadores tasaban otras viviendas para que fueran valoradas como objeto de la garantía de los préstamos hipotecarios. Una vez realizado el informe de tasación y validado por la empresa tasadora, se remitía a la sucursal financiera para comprobar la viabilidad de la operación, junto con las nóminas de los compradores, llegando incluso a falsificarlas. Finalmente se vendían las parcelas y se construían las viviendas, con lo que los promotores/constructores obtenían importantes beneficios.
Para evitar las consecuencias legales que estos delitos podían acarrearles, habían urdido todo un entramado de sociedades interpuestas y testaferros, evitando así figurar en documentos públicos o privados, a la vez que eludían las sanciones impuestas por la Gerencia Municipal de Urbanismo en los expedientes urbanísticos incoados al respecto, y las reclamaciones de Hacienda de la Junta de Andalucía por el impago del Impuesto de Sucesiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, pues se cuidaban de que los testaferros que utilizaban fuesen insolventes.
Por todos estos hechos se ha procedido a la detención/imputación de 38 personas, entre los que figuraban promotores, constructores, arquitectos, arquitectos técnicos, tasadores, abogados, agentes de la propiedad inmobiliaria, agentes colaboradores de entidades financieras, testaferros y particulares, todos los cuales han sido puestos a disposición del titular del Juzgado nº 3 de los de Chiclana de la Frontera.
