TCAM-COMARCA/REDACCIÓN
Organizaciones sociales y ecologistas como Agaden, la Plataforma de Ciudadanos Rodeados por las Fabricas y Cooperación Alternativa han puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que desde mediados de la semana pasada la Unidad de Vigilancia Ambiental (UVAM) de la comarca del Campo de Gibraltar se encuentra «desactivada». Piden que lo investigue, ya que dicha unidad ejerce las labores de control y actuaciones de emergencia en casos de contaminación terrestre, marítima o atmosférica.
Organizaciones sociales y ecologistas como Agaden, la Plataforma de Ciudadanos Rodeados por las Fabricas y Cooperación Alternativa han puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que desde mediados de la semana pasada la Unidad de Vigilancia Ambiental (UVAM) de la comarca del Campo de Gibraltar se encuentra «desactivada». Piden que lo investigue, ya que dicha unidad ejerce las labores de control y actuaciones de emergencia en casos de contaminación terrestre, marítima o atmosférica.
En un comunicado, estas organizaciones exponen que desde las 14,30 horas del pasado 31 de mayo se está ejecutando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) relativa a la demanda que presentó la plataforma de funcionarios en contra de las agencias públicas de la Junta de Andalucía; especialmente a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
En virtud de dicha sentencia «se anulan todos los trabajos que en teoría suplen a los funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente y que, según estos, deberían de ser realizados por ellos», manifiestan estas organizaciones.
Todo ello ha conllevado la «completa paralización y desactivación de la línea GICA (Gestión Integral de la Calidad Ambiental) de la Agencia. Se da la circunstancia de que en el Campo de Gibraltar existe «la única unidad de toda Andalucía que se encarga de la vigilancia de contaminación de zona industrial, la UVAM», la cual está compuesta por tres supervisores de incidentes ambientales y un técnico, llevando a cabo un servicio de vigilancia «24 horas al día 365 días al año, sin excepciones».
Esta unidad, creada en 2005 debido a las «presiones sociales ante los episodios de contaminación descontrolada por parte de la industria pesada del arco de la Bahía», es desde entonces «la principal herramienta para controlar a la industria».
Sus principales tareas son, según exponen, la vigilancia de industrias, playas, ríos, vertederos y depuradoras, en relación a la contaminación aérea, terrestre y marítima, valoración del alcance de los vertidos en primer término para la activación de los protocolos de actuación, tomas de muestras aéreas, atender los avisos del 112, seguimiento de vertidos y de mantener control de los accidentes e incidentes que ocurren en el interior de las fabricas.
Repartidas por las Bahía algecireña existen 17 cabinas de inmisión, que se encargan de tomar y analizar muestras de aire de forma automática. En el momento que se superan los valores de pre-alerta, se comunican con la UVAM, la cual se encarga de personarse en el lugar y valorar el alcance del incidente. Asimismo, el laboratorio de Palmones que se encargaba de tomar y analizar muestras de los vertidos «también se encuentran desactivados» desde ese día y «en peligro de desmantelamiento».
«EXTREMO PELIGRO»
Dadas las circunstancias de la comarca campogibraltareña, la ausencia de este servicio de control y vigilancia es «grave y extremadamente peligroso». En este sentido, apuntan que desde la semana pasada «ya tenemos constancia de un vertido de hidrocarburos en la playa de los ladrillos de Algeciras y dos picos de pre-alarma por emisiones de dióxido de azufre en la Estación de San Roque».
Temen estos colectivos que esto derive en una situación de «barra libre» en lo que a emisiones y vertidos se refiere «por parte de la industria», destacando que sin la rápida actuación necesaria ante cualquier crisis medioambiental en la comarca podría producirse consecuencias «de alcances imprevisibles».
Así las cosas, la Bahía de Algeciras se encuentra en la actualidad «totalmente desprotegida frente a cualquier tipo de incidente o vertido aéreo, terrestre o marítimo», por lo que piden al Defensor del Pueblo Andaluz que actúe «con la máxima urgencia posible» para que los organismos competentes encuentren una «solución inmediata a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra en estos momentos la población y el medio ambiente de la comarca».
