TCAM-OPINIÓN
En el pasado mes de marzo, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo (nieto de una española que no quiere ver a España ni en pintura), prohibió por su cuenta y riesgo con argumentos medioambientales que no se cree ni él mismo, que los pescadores de La Línea y Algeciras faenaran donde lo habían hecho desde siempre, y además rompiendo un acuerdo de su antecesor en el cargo, Peter Caruana.
Han transcurridos meses en los que han menudeado los problemas por el acoso de las patrulleras de Gibraltar contra los pesqueros españoles en los que se han visto implicados las patrulleras de la Guardia Civil. Meses en los que se han llevado a cabo unas negociaciones que tenían el 30 de julio como fecha tope para llegar a un acuerdo, siempre con Fabian Picardo imponiendo su ley y su hoja de ruta que tenía como última orden el convocar a los representantes de los pescadores para hacerles saber su última postura sobre el conflicto.
Y el mismo lunes 30 de julio tras el último incidente los pescadores decidieron por votación no acudir a la reunión con el gobierno gibraltareño para tratar sobre el conflicto, y además entendiendo que la fecha dada para que el grupo de trabajo del sector pesquero negociara una solución era el 30 de julio, por lo que a partir de hoy no ha lugar a ninguna negociación.
«A partir de ahora, los pescadores irán alrededor de las aguas acompañados de la Guardia Civil y los acontecimientos hablarán por sí mismos», ha manifestado Maza, que ha asegurado que «problemas va a haber”. Un conflicto que hace tiempo dejó de ser doméstico o local para convertirse en un problema de Estado, ante el cual el Gobierno de España parece estar mirando para otro lado: ¿Qué piensa de la postura del gobierno de España en torno a un conflicto en torno al cual el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre afirma que no se trata de un conflicto pesquero ni medioambiental, sino político?
