TCAM-AGENCIAS/Europa Press
El Gobierno ha justificado la multa propuesta para un ciudadano que portaba una bandera republicana en un partido de la selección de balonmano alegando que su actitud podía interpretarse como una «provocación» a los aficionados españoles.
El suceso tuvo lugar el pasado mes de abril en un partido de las selecciones de balonmano de España y Argelia celebrado en Alicante, donde la Policía expulsó al portador de una bandera de la República, al que se acabó abriendo expediente de sanción en virtud de la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
El diputado de IU Ricardo Sixto preguntó a Interior en el Congreso por este episodio denunciando que, en otro partido posterior, al mismo portador de la bandera republicana se le vetó la entrada, se le trasladó a un espacio vacío del Polideportivo y se le conminó a identificarse de forma intimidatoria.
EN SOLITARIO, ANTE CIENTOS DE «BANDERAS NACIONALES»
En su respuesta, a la que tuvo acceso Europa Press, el Gobierno explica que el portador de la tricolor estaba en la primera fila de la grada preferente, de forma aislada, ante cientos de seguidores de la selección española «que enarbolaban banderas nacionales y animaban al equipo».
«Ante la evidencia de que se trataba de un acto que pudiera ser interpretado como una provocación, que en ese contexto podría dar lugar a reacciones violentas del público presente, funcionarios policiales instaron al ciudadano a que depusiese su actitud», relata el Ejecutivo.
Aunque en un primer momento replegó la bandera tricolor, al rato el ciudadano volvió a ondear la enseña republicana «con gran vehemencia», lo que según el Gobierno «provocó malestar entre el resto de espectadores que animaban a la selección española». En ese contexto, se procedió a expulsarle, se le identificó y se le abrió expediente de sanción.
Para el Ejecutivo, «portar una bandera republicana no es un comportamiento que ‘per se’ incite a la violencia», pero «son las circunstancias en un contexto concreto, como en este caso, las que determinan, a juicio de los agentes responsables de la seguridad del evento, si puede convertirse en un acto de incitación a la violencia».
