La credibilidad de una administración no se mide únicamente en discursos, titulares o ruedas de prensa. Se mide, sobre todo, en la capacidad de cumplir la palabra dada. Y cuando lo prometido afecta directamente a la salud de las personas, el impacto del incumplimiento es todavía mayor.
La promesa de un nuevo local para AFITA fue anunciada por el Ayuntamiento el pasado para abrir en el mes de febrero. tras el desalojo de su antigua sede, pero más de tres meses después las más de 200 personas afectadas continúan sin un espacio donde recibir atención ni desarrollar su actividad asistencial.
Eso es precisamente lo que denuncian numerosos vecinos y vecinas de Tarifa tras las promesas realizadas por el Ayuntamiento ante alrededor de 200 personas afectadas por una problemática sanitaria que generó una fuerte movilización social en el municipio. Según los manifestantes, el compromiso adquirido por el alcalde y el equipo de gobierno se presentó como una prioridad absoluta, generando expectativas y tranquilidad entre muchas familias. Sin embargo, con el paso del tiempo, las soluciones anunciadas no han llegado en los términos esperados.
La respuesta ciudadana no se ha hecho esperar. Las protestas han vuelto a las calles y el malestar crece entre quienes consideran que el problema se ha ido aplazando sin una respuesta firme ni definitiva.
Más allá del debate político, lo que muchos vecinos ponen sobre la mesa es una cuestión de confianza pública. Cuando una institución promete actuar sobre un asunto tan sensible como la salud y posteriormente no cumple los compromisos adquiridos, el daño no es únicamente administrativo: también es moral y social.
“La palabra de un alcalde debe tener valor”, comentaban algunos asistentes durante la movilización. Una idea que resume el sentimiento de buena parte de la ciudadanía, que reclama menos anuncios y más soluciones reales.
En municipios como Tarifa, donde la cercanía entre representantes públicos y vecinos es directa, cada promesa incumplida tiene una repercusión mucho más profunda. Porque no se percibe como una simple gestión pendiente, sino como una ruptura de confianza entre la administración y el pueblo.
La ciudadanía puede entender retrasos, dificultades técnicas o problemas administrativos. Lo que cuesta aceptar es la sensación de que los compromisos se utilizan para ganar tiempo o desactivar momentáneamente la presión social sin una verdadera voluntad de resolver el problema.
Y cuando eso ocurre en cuestiones relacionadas con la salud pública, el desgaste institucional se multiplica.
El pueblo se echa a la calle porque siente que no le escuchan. Y recuperar la confianza perdida suele ser mucho más difícil que haber cumplido la palabra desde el principio.
