La piscina municipal de Facinas abrirá este 1 de julio. Una buena noticia para los vecinos que llega tras varias semanas de espera y después de que muchos municipios de la provincia inauguraran la temporada de baño con bastante antelación. De Tarifa ni hablamos…

Sin embargo, más allá de la apertura de las instalaciones, el anuncio vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que merece una reflexión: ¿es aceptable que una información de interés general se comunique únicamente a través del perfil personal de un cargo público?

La propia publicación difundida por vecinos recuerda que la apertura de la piscina se conoció gracias a una entrada realizada en la página personal del alcalde, utilizada habitualmente para informar sobre asuntos institucionales. Un hecho que genera un problema evidente cuando existen ciudadanos que no pueden acceder a ese contenido porque han sido bloqueados o vetados en dicha cuenta.

No se trata de una cuestión política, sino de un principio básico de transparencia e igualdad. La información sobre servicios públicos, horarios, aperturas o decisiones que afectan a toda la ciudadanía pertenece a todos los vecinos, no únicamente a quienes pueden visualizar un perfil determinado en una red social.

Las administraciones cuentan con canales oficiales precisamente para garantizar que cualquier ciudadano tenga acceso a la información institucional sin restricciones. Páginas web, perfiles oficiales, tablones electrónicos o aplicaciones municipales existen para cumplir esa función y evitar que la comunicación dependa de cuentas personales.

Resulta difícil entender que un vecino pueda quedarse sin conocer la apertura de una instalación municipal porque ha sido bloqueado en una red social. La discrepancia política, la crítica o incluso el desacuerdo nunca deberían convertirse en un obstáculo para acceder a información pública.

A ello se suma otra cuestión que sigue sin respuesta: la información difundida anuncia la apertura de la piscina, pero no aclara si este verano habrá servicio de chiringuito, un aspecto que también interesa a numerosos usuarios de las instalaciones.

La ética institucional debería situarse por encima de cualquier estrategia de comunicación. Quien representa a una administración no solo tiene el derecho de comunicar, sino también la obligación de hacerlo a través de canales accesibles para todos.

Porque la información pública no puede tener filtros. Ni bloqueos. Ni listas de admitidos.

Es patrimonio de toda la ciudadanía. ¿Bloquearán ahora a este medio?