EL COMENTARIO DEL DÍA
Anónimo
«Ya mismo también frente a nuestras costas en Tarifa. Todo por el afán de crecimiento desmesurado de la APBA: más y más tráfico para el que no hay límites ni fin. Todo por el bien del progreso y del crecimiento.» FOTO: Fondeadero previsto frente a Sotogrande y Alcaidesa.
NOTICIA COMENTADA
San Roque y La Línea muestran su oposición al nuevo fondeadero exterior que proyecta el Puerto de Algeciras
TARIFA NO PUEDE SEGUIR SIENDO EL PUEBLO AL QUE OTROS LE DECIDEN EL FUTURO
La expansión de la APBA, la falta de transparencia y la ausencia de una respuesta política contundente están dejando a Tarifa ante una realidad preocupante: decisiones que afectan directamente a su territorio, su economía y su modelo de ciudad se toman sin que sus ciudadanos tengan una voz verdaderamente determinante.
Hay momentos en los que la política deja de ser una cuestión de siglas y se convierte en una cuestión de dignidad. De dignidad institucional, de responsabilidad con los vecinos y, sobre todo, de defensa del territorio. Lo que está ocurriendo alrededor de la expansión de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) es uno de esos momentos. Y Tarifa, lamentablemente, está llegando tarde a una discusión que afecta directamente a su futuro.
La APBA parece haber asumido que su capacidad de expansión está por encima de cualquier consideración territorial. Su planificación avanza, sus proyectos se anuncian y sus decisiones condicionan el futuro de municipios enteros. ¿Dónde queda la opinión de los ciudadanos de Tarifa, San Roque o La Línea? ¿Quién decide qué modelo de comarca queremos? ¿Quién establece los límites cuando el desarrollo portuario entra en conflicto con el medio ambiente, el turismo, la pesca o la calidad de vida de los vecinos?
Una autoridad portuaria tiene competencias y responsabilidades. Lo que no debería tener es carta blanca para decidir el futuro de los municipios de su entorno como si el territorio que los rodea fuese una prolongación de sus instalaciones.
Las declaraciones y actuaciones de los alcaldes de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, y de La Línea, Juan Franco, han puesto sobre la mesa una cuestión fundamental: los intereses de un municipio no pueden quedar subordinados a la disciplina de partido ni a la comodidad institucional.
Que un alcalde socialista cuestione públicamente determinadas decisiones de la APBA, como ha hecho Boix, demuestra que la defensa de un territorio debe estar por encima de las siglas. Y que Juan Franco, desde 100×100 La Línea, haya elevado el tono frente al proyecto del fondeadero exterior confirma que hay responsables políticos dispuestos a plantar cara cuando consideran que los intereses de sus vecinos están en juego.
No se trata de compartir todas sus posiciones ni de convertir a nadie en un salvador. Se trata de reconocer algo elemental: un alcalde tiene la obligación de defender a su municipio, incluso cuando eso supone incomodar a otras administraciones. Sólo nos jugamos el futuro de Tarifa y tenemos un alcalde dedicado a poner medallas y «ausente» de la bochornosa realidad. ¿Qué futuro cree usted que nos espera?
