TCAM/EP La XIII Asamblea de Ecologistas en Acción de Cádiz ha acordado exigir a la Junta de Andalucía que proceda a la anulación definitiva del Plan Parcial de Valdevaqueros, aprobado por el Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz), que incluye un complejo urbanístico de 740.000 metros cuadrados, con 350 viviendas y varios hoteles con 1.423 plazas hoteleras.
Según señala la organización en un comunicado, esta macrourbanización afectaría «gravemente» a una de las playas vírgenes «más famosas y valiosas» del litoral andaluz, ya que está parcialmente incluida en el Parque Natural del Estrecho, en un Lugar de Interés Comunitario (LIC), en una Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA) y en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, y está en el entorno del Parque Natural Los Alcornocales.
Al hilo, recuerdan que este proyecto ha suscitado «una enorme polémica» y que ya son «más de 91.000» las personas que han firmado un manifiesto de oposición. Desde Ecologistas apuntan que mientras varios consejeros de la Junta de Andalucía, y el propio presidente, «coincidían en la inconveniencia de este modelo de desarrollo urbanístico en el litoral andaluz», las delegaciones en Cádiz de las consejerías de Obras Públicas y Medio Ambiente –hoy integradas en Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (CAPMA)–, «daban todos los parabienes a este proyecto especulativo», por lo que Plan sigue su tramitación y la Junta «no ha iniciado ninguna acción legal para conseguir su paralización definitiva». Teniendo en cuenta que la Junta de Andalucía tiene competencias «exclusivas» en la ordenación del territorio y en los espacios naturales protegidos, Ecologistas en Acción remitió una serie de propuestas al presidente de la Junta y al consejero de APMA pidiendo que utilizaran los instrumentos legales de que disponen para impedir el desarrollo de esta macrourbanización. Al hilo, indican que este Plan Parcial «se puede anular» porque no se ha sometido al proceso de evaluación de impacto ambiental preceptivo y porque «ha incumplido» la normativa del Parque Natural del Estrecho y las competencias de su Junta Rectora. Por ello, reiteran su demanda de que se inicien las acciones legales para anular este plan urbanístico y se modifique el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar, eliminando las urbanizaciones previstas en el litoral de Tarifa.
Asimismo, consideran que la Junta debe «exigir» al Ayuntamiento de Tarifa que revise el PGOU –que data de 1991, aunque fue ratificado por la Junta en 2010– para adaptarlo a las normas del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) que limita los crecimientos urbanísticos de los municipios «al 40 por ciento del suelo urbano existente y a crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30 por ciento en ocho años». En este sentido, subrayan que el actual PGOU de Tarifa contempla «siete nuevas macro urbanizaciones en el litoral con cuatro millones de metros cuadrados, lo que triplicaría el actual núcleo urbano de Tarifa». Finalmente, desde Ecologistas en Acción entienden que la Junta de Andalucía «debe demostrar que tiene voluntad política para eliminar los planes urbanísticos que generaron la burbuja inmobiliaria, desclasificando los millones de metros cuadrados de suelos declarados urbanizables para operaciones especulativas y que han dado lugar a los activos tóxicos que ha llevado a las entidades financieras, y al país, a la ruina».
