A finales de mayo un grupo de personas constituimos la asociación sin ánimo de lucro ADECATARIFA, cuya finalidad principal consiste en colaborar, en la medida de nuestras posibilidades, al desarrollo económico, social y sostenible de la ciudad de Tarifa, y para ello resulta esencial la vigilancia de la actuación de las Administraciones Públicas y la defensa de la ciudadanía de Tarifa en sus relaciones con las mismas, cuando no atiendan sus legítimas solicitudes.
En el escaso tiempo que llevamos constituidos, estamos realizando un exhaustivo estudio de los distintos datos estadísticos publicados por los organismos competentes, sobre los tres elementos básicos del municipio, como son el territorio, la población y la organización política. Además hemos mantenido y seguiremos manteniendo, reuniones con los distintos agentes sociales y económicos del municipio.
Tras estas actuaciones, hemos detectado que la inactividad de algunas áreas del Ayuntamiento, fundamentalmente el área de urbanismo y de oficina técnica, supone un considerable freno para el desarrollo del municipio. Los expedientes de solicitudes de licencias de obras y de actividad, que suponen un importantísimo motor económico y generador de empleo para la ciudad, se acumulan en las dependencias municipales sin obtener respuesta alguna por parte del Ayuntamiento, los funcionarios no realizan los preceptivos informes que son de su competencia, lo cual resulta intolerable en una población con las altas cotas de desempleo que sufre, fundamentalmente en su población más joven. Esta figura del silencio administrativo debe tener carácter extraordinario en las administraciones públicas y no ser algo habitual como actualmente nos tiene acostumbrados el ayuntamiento de Tarifa, y como así nos lo transmiten los ciudadanos a través de sus quejas. Este hecho genera desconcierto, incertidumbre y desesperación entre a ciudadanía que, en la mayoría de los casos, no puede más que observar cómo pasan los meses y los años, llegando incluso a desistir de sus proyectos o, en el mejor de los casos, teniendo que acudir el Consejo de Transparencia de Andalucía o a los tribunales, en este último caso, con los claros perjuicios económicos añadidos y el incumplimiento de los plazos previstos en sus proyectos.
Todo ello se corrobora con la reciente nota de prensa emitida por la asociación de empresarios de la construcción FAEC. Aunque la desidia municipal no afecta solo a promotores, a constructores y a profesionales como arquitectos, aparejadores e ingenieros, sino a cualquier particular que requiera de un informe o una certificación urbanística para vender su casa o terreno o que simplemente quiera realizar reformas en su vivienda, y también a cualquier empresa o autónomo que quiera abrir un establecimiento o mejorar la sede de su negocio.
Todo ello puede ocasionar la condena al Ayuntamiento del pago de importantes cantidades como indemnizaciones a los sectores afectados, que a la postre pagaría la ciudadanía de Tarifa a través de sus tributos. Ya tenemos conocimiento de varias demandas judiciales interpuestas y otras que lo harán en breve, que iremos publicando.
Denunciamos públicamente esta situación y que tomaremos las medidas judiciales oportunas para exigir responsabilidades tanto a los funcionarios incumplidores de su deber, como a las autoridades municipales encargadas de vigilar su actuación.
