TCAM-NACIONAL/M.J.R
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta ha indicado este jueves 12 de abril de 2012 que la Junta de Andalucía deberá correjir su plan de ajuste o se le «echará encima la Ley de Estabilidad».
Así se ha pronunciado durante su intervención en Madrid en un desayuno informativo del foro Aragonex, en el que ha calificado a Andalucía de «ejemplo de falta de transparencia. Cuando conozcamos las cifras reales de Andalucía podremos opinar, hasta ahora, tenemos miedo», ha resumido.
Según ha explicado, varias de las comunidades autónomas que han presentado ya sus planes de ajuste han sido requeridas para que los corrijan por ser «malos y tener elementos que no sirven».
Es el caso de Andalucía, a la que ya han comunicado por escrito las observaciones para que corrijan las actuaciones y decisiones de gestión. «Esperamos que se lleve a efecto y si no, a la comunidad andaluza como a cualquier otra le caerán encima las prescripciones de la Ley de Estabilidad», ha advertido.
Beteta ha subrayado también que el Gobierno será inflexible en la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que este jueves 12 de abril aprobará el Congreso y que lleva a la intervención de una autonomía si no cumple el déficit previsto. Esta ley contempla muchos pasos previos que se seguirán para evitar ese extremo. Las autonomías deberán presentar mensualmente información de ingresos, gastos y pagos y al primer mes en que surja una desviación serán ya advertidas.
Sin flexibilidad para el déficit de las CCAA
El secretario de Estado ha reiterado que no habrá flexibilidad para el déficit de las autonomías, como ha reclamado Cataluña. «No, absolutamente ninguna; aquella comunidad que se desvíe se encontrará con la Ley Estabilidad Presupuestaria», ha abundado.
Todos estos planes de ajuste que las autonomías están llevando a cabo supondrán una reducción de 10.000 millones en el déficit autonómico (5.000 de gasto más 5.000 de ingresos), que se sumará a los otros 10.000 millones en educación y sanidad anunciados por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En total, ha dicho Beteta, 20.000 millones con los que el sector público autonómico cumplirá el objetivo marcado del 1,5 por ciento.
Preguntado por el plan de pago a proveedores de las CCAA, ha explicado que este domingo 15 de abril termina el plazo para que las comunidades envíen a Hacienda las facturas pendientes y que, por el momento, sólo Cantabria lo ha hecho, por lo que el Gobierno desconoce las cantidades que deben. «A partir del lunes, sabremos», ha añadido.
Rechazo a la devolución de competencias propuesta por Aguirre
Por otra parte, Beteta ha rechazado tajantemente la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de que las autonomías devuelvan competencias al Estado, porque no es la solución al déficit, ya que los servicios tienen un coste que tiene que seguir asumiendo alguien.
Beteta ha explicado que el coste de las camas de hospital será el mismo gestione quien gestione la competencia, salvo que se reduzca el número de camas. A su juicio, la solución no es sin embargo ésta sino «sacar mucho más jugo a cada euro, mejorar la eficiencia y evitar duplicidades entre administraciones».
Ajuste también local
Otra de las reformas que el Ejecutivo llevará adelante es la reforma de la ley de régimen local, que se quiere negociar con la FEMP y las autonomías, puesto que varias de ellas tienen competencias en este campo.
Beteta ha expuesto que el objetivo es cumplir el criterio de «una competencia, una administración», buscar la eficiencia al prestar servicios públicos y mantener la representatividad ciudadana porque «es el pueblo el que gobierna». «Habrá que definir el umbral en el que la representatividad engarza con la eficacia. Quizá haya municipios que no puedan ser ayuntamientos», ha subrayado, apuntando a que las diputaciones podrían ser potenciadas «como órganos que agrupan».
También en relación con los ayuntamientos, el secretario de Estado ha recordado que 4.000 de ellos se han sumado al plan de pago a proveedores y que de ellos, 2.000 no han presentado el plan de ajuste que se les exigía, algo «intolerable» que puede provocar que se les retengan sus participaciones en los ingresos del Estado.
