María José Romero/ TCAM (18.31h)
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes 30 de marzo de 2012 los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2012 con un ajuste global de 27.300 millones de euros con el que se pretende reducir el déficit público desde el 8,5% de 2011 al 5,3% al final del año, tal y como se ha pactado con Bruselas.
El gasto total de los PGE caerán un 9,6% este año, hasta los 122.083 millones. Este descenso se concretará en una bajada del gasto de los ministerios del 16,9%, hasta los 65.803 millones, lo que, según el Gobierno, permite mantener el sueldo de los funcionarios y las prestaciones básicas (pensiones y seguro de desempleo).
La luz sube un 7% y el gas y el butano un 5%
En lo que se refiere a los costes eléctricos, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado que debido a varias resoluciones judiciales, el Gobierno se ve obligado a cubrir un desajuste en el sistema eléctrico en 2011 y 2012 de un 3.100 millones de euros, que supondría un aumento en la factura de la luz de un 37%.
Para que este ajuste no se cargue sólo al ciudadano, la vicepresidenta ha explicado que dicho ajuste se repartirá entre consumidores, empresas y Administración. Con este nuevo reparto, la factura de la luz experimentará una subida del 7% para los consumidores a partir de abril.
De esta forma, se aumentarán los ingresos del sistema en el entorno de 1.400 millones de euros mediante una subida de tarifas moderada y se reducirán los costes del sistema en unos 1.700 millones.
Para evitar también un crecimiento de un déficit de tarifa en el sistema gasista, este sector experimentará una subida de un 5% en la factura del consumidor, en lugar del 13,3 por ciento que debería haber subido de no aplicar recorte de costes.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado además que el Gobierno no va a subir el impuesto del IVA para no perjudicar el consumo y la recuperación económica, pero sí se exigirá un impuesto, esta vez a través del impuesto de sociedades, a las grandes empresas y se pondrá en marcha un programa de regularización fiscal.
La vicepresidenta ha explicado que el Gobierno ha tomado medidas de «ajuste drástico» en los presupuestos de los ministerios, que se traduce en una reducción conjunta del gasto del 16,9%. Las decisiones tomadas para reducir el gasto, a juicio de la vicepresidenta, son las «más justas y equitativas para una sociedad que lleva muchos años inmersa en una dura crisis pero también para una economía que necesita confiar y volver a crear empleo».
Por ello, El Gobierno ha decidido mantener la actualización de las pensiones y congelar (no reducir) el sueldo de los funcionarios, además de mantener las prestaciones por desempleo y mantener el gasto social en partidas como las becas.
