Los ayuntamientos que forman parte del Consejo de Alcaldías recibirán esta semana un borrador del plan de emergencia social diseñado y financiado por Diputación. La semana próxima el texto se podrá enviar al Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz al objeto de agilizar los plazos para su efectiva entrada en vigor. La presidenta de Diputación, Irene García, indica que esta intervención dispondrá de un presupuesto de un millón de euros, y lo ha indicado en el seno del Consejo de Alcaldías. La sesión de este foro se ha desarrollado mediante videoconferencia con la participación de los alcaldes y alcaldesas de 40 localidades: de los 30 municipios con menos de 20.000 habitantes más las diez entidades locales autónomas.
Este plan compensará los gastos corrientes contraídos por los ayuntamientos desde la entrada en vigor del estado de alarma. Se consignará como un fondo incondicionado que en la práctica permitirá una justificación muy abierta para los ayuntamientos. Podrá cubrir gastos de limpieza e higiene, compra de productos de desinfección, bolsa farmacéutica, provisión de ropa, adquisición de equipos de protección, gastos de alojamiento y dietas de personal de Protección Civil En definitiva responderá a las necesidades de liquidez que evidencian las entidades locales, respetando su autonomía y capacidad de organización.
Irene García ha anticipado que este programa de emergencia distribuirá su presupuesto en cuatro grupos, conforme al siguiente desglose poblacional: localidades menores de 1.500 habitantes; de entre 1.500 y 5.000; de 5.000 a 10.000; y entre 10.000 y 20.000. Las entidades locales autónomas se incorporarán a cada ámbito en función de su población, cumpliéndose por tanto con una reivindicación planteada en anteriores programas.
Con este nuevo instrumento se concreta una respuesta inmediata a favor de unos ayuntamientos que ya están en el día después, según ha manifestado Irene García. Al no requerir de modificación presupuestaria, y validarse vía decreto, confiere la agilidad y urgencia que ahora se reclaman. Diputación, tras esta respuesta de emergencia, confirmará medidas de mayor alcance y cuantía en el Pleno que se celebrará en mayo.
Para la sesión plenaria de mayo se preparan dos nuevas intervenciones, según ha explicado la presidenta de Diputación: se podrá conocer el importe del programa financiado con el 20 por ciento del superávit del año 2019 en consonancia con el límite autorizado por el Gobierno de España; y también se determinará el nuevo diseño del presupuesto del año 2020, en virtud de las modificaciones que se aprueben para atender los nuevos retos frente a la pandemia.
La revisión de los fondos y sus destinos es una prioridad. De hecho la nueva edición del Plan de Cooperación Local presupuestado en 4,3 millones de euros- tendrá que reorientar sus actuaciones. Otra cuestión esencial es la obtención de liquidez inmediata: así, Irene García ha confirmado que se van a transferir en cuestión de días los fondos del Plan Invierte, además de recordar que los anticipos de recaudación ya se están librando en fechas mucho más tempranas que las establecidas en los calendarios aprobados.
Estas medidas se fortalecerán en cuanto se revise la regla de gasto, conforme al principio de acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias con el que se pretende la libre disposición del superávit y remanentes alcanzados por las entidades locales.
Irene García ha explicado ante el Consejo de Alcaldías las actuaciones ya resueltas por Diputación. La adquisición y suministro de 800.000 mascarillas para los 45 municipios de la provincia de Cádiz, la campaña de desinfección mediante empresas especializadas, el refuerzo de las contrataciones en servicios sociales traducen un esfuerzo inversor que supera los 1,4 millones de euros. Al respecto ha confirmado que si es necesario se prorrogará la campaña de desinfección, además de estar a la espera de la recepción de batas y guantes que ya han sido adquiridos.
El Consejo de Alcaldías ha sido pródigo en cuanto a intervenciones y sugerencias de los ayuntamientos. Casi todos los representantes locales han reconocido sentirse muy solos en esta crisis, por lo que han valorado la cercanía demostrada por Diputación y el respeto que ha reivindicado para las entidades locales. Han lamentado que desde la Junta de Andalucía no se aporten datos municipalizados sobre la incidencia precisa de la pandemia; una actitud que dificulta la prestación de servicios públicos como, por ejemplo, la recogida y tratamiento de basuras.
En la sesión se ha reconocido el desconocimiento sobre los criterios de distribución, la ejecución y justificación del fondo social de emergencia que financia el Gobierno de España y gestionará la Junta de Andalucía. Sobre esta indeterminación, y la demanda de mayor respeto institucional para las entidades locales, Irene García ya trasladó una carta al presidente del ejecutivo autonómico, Juan Manuel Moreno Bonilla.
Tras aceptarlo el Consejo de Alcaldías la presidenta de Diputación enviará una segunda misiva al titular de la Junta para que se aclare el desarrollo efectivo del fondo social. Con cargo a ese programa a la Diputación de Cádiz se le han asignado 650.000 euros; un montante que, según ha confirmado Irene García, se pondrá a disposición de los ayuntamientos
