Redacción TCAM/M.P.

El secretario de Salud de la Federación de Servicios Públicos de UGT Andalucía, Antonio Macías, ha señalado que el recorte de 283 millones de euros en el sector de la dependencia, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, supone «un daño irreparable para nuestros mayores», a los que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «pretende dejar en una situación de indigencia asistencial».

En un comunicado, Macías apunta que «nuestros mayores llevan pagando toda su vida impuestos para tener una vejez tranquila y con estos recortes se van a quedar tirados, va a haber gente que no tendrá asistencia profesional ni familiar», al tiempo que insiste en que lo que Rajoy «quiere es dejar tirados a nuestros mayores».

Según Macías, Andalucía será una de las comunidades autónomas «más afectadas» porque la región andaluza aglutina «al 30 por ciento del total de dependientes de toda España (290.000 beneficiarios)».

«Lo que Rajoy y la derecha económica tienen claro es que sus mayores van a ser atendidos porque tienen recursos económicos para pagarlo. Pero los más desfavorecidos van a estar desasistidos, la diferencia de clases será abismal», añade Macías, quien se pregunta «¿Quién se va a prestar a ayudar a los dependientes? El vecino caritativo o el familiar cercano pero los que dirigen la sociedad les van a dar la patada, les van a dejar tirados».

Asimismo, Macías ha señalado que si recortan en dependencia, «afectará a los dependientes y a los cerca de cien mil trabajadores del sector. El empleado se irá a la calle y el usuario a la indigencia», toda vez que manifiesta que «podrán vestirlo como quieran pero dejar a nuestros mayores sin asistencia es un pecado».

Finalmente, Macías asegura que los recortes de Rajoy suponen «la estocada final» a un sector que, desde hace meses, sufre la «asfixia económica» de los ayuntamientos. Al respecto, alude al caso de Jaén, donde «las empleadas de la ayuda a domicilio llevan sin cobrar desde diciembre». Y lo mismo ocurre en Jerez, agrega, donde miles de beneficiarios de la dependencia «son rehenes de la mala praxis del equipo de gobierno local».