CORIA DEL RÍO (SEVILLA)
IAM/EP|La consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha informado de que unas 200 familias que ya han acudido a las oficinas de protección a la vivienda que tiene en marcha la Junta van a ser las primeras que se van a acoger al decreto de función social de la vivienda que este viernes entra en vigor y que va a permitirles «una esperanza a esa situación de desahucio que la vienen oprimiendo».
Preguntada sobre si le preocupa un posible recurso al decreto, Díaz ha manifestado que es una ley «con rigor jurídico» y «jurídicamente intachable». Ha apuntado que los servicios jurídicos de la Junta han hecho «un magnífico trabajo, con rigor» y ha agregado que son conscientes de que es una medida que tiene «una innovación legislativa, pero tiene mucho rigor jurídico».
Así, ha considerado que el Gobierno lo que tendría que hacer «es copiar» a Andalucía en una iniciativa de este tipo.
Respecto a las 200 familias que podrían acogerse a este decreto, ha indicado que se encuentran ya inmersas en ese proceso de alzamiento que les lleva al desahucio y que ven en el decreto una «esperanza». Ha indicado que no entiende esa «insensibilidad» de la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, o de otros dirigentes del PP que «no se están dando cuenta» de que, ante un drama de este tipo, cuando hay personas que se quitan la vida por su derecho a tener una vivienda digna y cuando hay miles de viviendas en manos de los bancos, los políticos y la política no se pueden quedar «con los brazos cruzados».
Ha querido dejar claro que esta norma es una medida de un Gobierno de izquierdas que no puede mirar hacia otro lado, cuando hay miles de casas vacías en este país en propiedad de los bancos y miles de familias sin vivienda.
«En el margen que nos da la Constitución a nuestras competencias, se ha elaborado una ley con rigor jurídico, jurídicamente intachable, que va a poner en estos momentos la sensibilidad y la política al servicio de los ciudadanos», según Díaz, quien ha apuntado que se ha hecho una norma pensando en los ciudadanos y no en los bancos ni en las grandes inmobiliarias, que «lamentablemente son los grandes causantes de la situación que la vivienda viene atravesando en este país».
Ha manifestado que esta norma está recibiendo el «respaldo» en muchas comunidades autónomas y en muchos sectores sociales. Ha insistido en el rigor jurídico del decreto, que está perfectamente «armado para que, en el marco de las competencias de la Junta, podamos poner sobre la mesa una medida valiente e intachable jurídicamente».
Tras apuntar que los partidos políticos y los gobiernos hemos llegado tarde al drama de los desahucios, ha estimado que el Gobierno de la Nación debería seguir los pasos de Andalucía y ponerse al lado de los ciudadanos y no de la «banca o los grandes especuladores».
La consejera andaluza ha estimado que el Gobierno de Mariano Rajoy debería de haber escuchado a la iniciativa legislativa popular que planteaba la dación en pago y ver el drama que están viviendo miles de familias.
«Espero que ponga sensibilidad a un problema que está situando en el umbral de la pobreza a miles de familias que nunca se habían visto en esta situación», según ha expresado Susana Díaz, para quien el Gobierno de Mariano Rajoy y los dirigentes del PP en Andalucía deberían tener «sensibilidad» ante ese drama que está asfixiando a miles de familias.
Ha recordado también que la defensa de la función social de la vivienda iba en el acuerdo de gobierno que suscribieron PSOE-A e IULV-CA al inicio de la legislatura, una clara apuesta del Ejecutivo que se ha hecho «compatible con el rigor jurídico».
Díaz ha expresado que se encuentra satisfecha con el resultado porque se ha hecho una norma que es un «referente» en el conjunto del Estado.
