IAM/Redacción Numerosos movimientos sociales y activistas han iniciado hoy la campaña «Territorio Libre de CIE» que tiene como objetivo denunciar la existencia y “lamentables condiciones” de los Centros de Internamiento de Extranjeros, que consideran “agujeros negros en nuestro Estado de Derecho”. Alzan la voz como parte de la reivindicación de una sociedad sin racismo que se viene realizando y que este pasado domingo llenó las calles de Madrid. (Foto CIE Algeciras).
Las organizaciones denuncian que en estos centros, por los que en los últimos cinco años han pasado más de 42.000 personas, según datos del Ministerio del Interior, se encierra “en condiciones inhumanas” y hasta 60 días “a personas que no han cometido ningún delito”, una medida “absolutamente desproporcionada” en nuestro marco legal, que solo prevé la privación de libertad para delitos graves.Por ello, consideran que estos centros son una “aberración jurídica que incumple la Constitución” y que son fruto de “unas políticas racistas y criminalizadoras contra las personas migrantes”. Los definen como “instrumentos racistas, que vinculan migración y delincuencia y que refuerzan una sociedad dividida y fracturada”. Actualmente, existen siete CIE en el territorio español en los que se retiene a personas migrantes en Algeciras, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Valencia. El Ministerio de Interior anunció el pasado mes de abril la creación de tres nuevos centros en Algeciras, Málaga y Madrid, y en verano anunció su intención de construir uno más para Andalucía oriental, en Granada o Almería.Los movimientos sociales muestran su “oposición total” a que se abran nuevos CIE, ya que, afirman, queda probado que “en ellos se violan los derechos humanos”, sus instalaciones y trato a retenidos son “indignos” y es frecuente encontrar a menores, víctimas de trata y padres y madres de menores españoles, denuncian. “Además de ser profundamente racistas, señalan, -el 90% de las personas que han pasado por los CIE eran africanas- una cifra desproporcionada para el peso de la población migrante en España-, no cumplen la función para la que han sido creados. Según datos ofrecidos por el Gobierno el pasado diciembre, el 71% de las personas extranjeras que fueron internadas en los CIE en 2016 lo hicieron para no ser expulsadas. Las vulneraciones de derechos son tan graves y las condiciones tan indignas, exponen, que no pocos gobiernos regionales y ayuntamientos han aprobado mociones en contra de estos centros: las Cortes Valencianas, el Parlamento de Navarra, el Parlamento de Cataluña, y ayuntamientos como el de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, entre otros. El rechazo también proviene de organismos internacionales de derechos humanos, asociaciones de jueces del Estado español, como Jueces para la Democracia, juristas de peso y personalidades de la cultura”, dicen.Las organizaciones y activistas bajo la campaña «Territorio Libre de CIE» aclaran que es necesario que estos centros, “contrarios a los derechos humanos”, tienen que desaparecer “en el marco de profundas reformas en las políticas migratorias”. “Asumir la reclusión y expulsión como norma, no deja espacio para que se puedan ejercer los derechos fundamentales”, aseguran.
Por ello, la campaña pretende aunar el trabajo y los apoyos de numerosos colectivos en favor del cierre de los que califican como “centros sin derechos”, que hagan posible el respeto a la dignidad de todas las personas, con independencia del lugar de donde procedan.
