ALMERÍA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) –
La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha manifestado este viernes la «satisfacción» del Ejecutivo tras conocer el dictamen de la Comisión Europea en el que indica que España no ha infringido las normas de la Unión Europea al endurecer los controles fronterizos en Gibraltar desde el verano tras el conflicto con las autoridades del Peñón por el lanzamiento de bloques de hormigón en la bahía de Algeciras.
Crespo ha valorado este dictamen «muy importante» para el país, ya que, a su juicio, indica que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado «están haciendo su labor como la tiene que hacer» y que España se está «defendiendo» dentro de la legislación europea «ejerciendo un control sobre la verja» para controlar «los tráficos ilícitos» en los límites con territorio Schengen.
«Quiero que todos apoyemos esa buena labor que está haciendo el Gobierno y lo que hacen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que tienen una presión muy importante en la verja», ha indicado Crespo, quien ha reiterado la «satisfacción» del Gobierno ante esa resolución que le da la razón frente a las denuncias realizadas por las autoridades británicas, que ven un trasfondo político en el aumento de los controles.
La máxima responsable del Gobierno en Andalucía ha apuntado que el Gobierno solo trata de «defender los intereses de los españoles» con los controles en la frontera con Gibraltar y «no pretende una cuestión de crispación» con las autoridades del Peñón, quienes sí han «roto» ese «diálogo» que el Gobierno «siempre» ha mantenido con Reino Unido, según Crespo. «Entiendo que se ha hecho un flaco favor a sus propios ciudadanos», ha apostillado.
La delegada ha remarcado que detrás de los controles que se practican en la frontera está «el control del fraude fiscal» y la detección del tráfico «ilícito» que repercute negativamente en la economía española. «En estos meses se ha duplicado la incautación de cajetillas de tabaco ilegal», ha ejemplificado Crespo, quien ha recalcado que este tipo de contrabando supone «mucho dinero para las arcas» del Estado además de tener efectos en la salud pública.
Igualmente, ha recordado el menoscabo que el contrabando supone para las rentas españolas y el interés del Gobierno en que los trabajadores del Peñón que residan en el Campo de Gibraltar tengan «flexibilidad» temporal a la hora de pasar de un lado de la frontera a otro.
