Según denuncia el movimiento en un comunicado, los controles policiales están siendo generalizados en todas las autovías y carreteras principales, existiendo autobuses parados en 14 provincias. El 22M responsabiliza al Gobierno de cualquier alteración del horario previsto por la organización debido a los retrasos que están causando los abusivos controles policiales. El objetivo que persigue el Gobierno es, según ha criticado el movimiento, impedir el acceso de decenas de miles de ciudadanos a la capital para ejercer sus derecho de reunión y manifestación. «Con esta actitud el Gobierno quiere convertir una protesta cívica y democrática de carácter masivo en un caos incontrolable difícil de regular», han señalado. Para el movimiento, el Gobierno está incumpliendo los compromisos adquiridos en las diferentes reuniones mantenidas, en las que las autoridades se comprometieron a respetar escrupulosamente los derechos fundamentales garantizados por la Constitución y los convenios internacionales suscritos por España. Las Marchas de la Dignidad informarán a los observadores internacionales de la Oficina para las Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE el próximo día 24 de marzo.
