IAM/Redacción La presidenta Irene García ha firmado los convenios correspondientes con ayuntamientos con población inferior a 20 mil habitantes y entidades locales autónomas (ELA) de la provincia por un importe total de 300.000 euros, destinados a paliar la pobreza energética de los vecinos de estas poblaciones.
En el Ayuntamiento de Algodonales se han reunido los representantes de 18 municipios de la Sierra de Cádiz y de Alcalá de los Gazules incluidos en este plan estratégico de la Diputación, en tanto que en el edificio Quinto Centenario de Paterna de Rivera han estado presentes los representantes municipales de este ayuntamiento, Benalup Casas Viejas, Medina Sidonia, San José del Valle, Vejer, Castellar, Jimena, Tarifa, Chipiona, Trebujena y de las 11 ELA, hasta sumar 40 pequeñas poblaciones.
La Diputación por primera vez en su historia aprobó en Pleno el pasado mes de mayo un Plan Estratégico Provincial contra la Pobreza Energética, que contempla la firma de convenios de colaboración de los ayuntamientos y la Corporación Provincial con las comercializadoras; la puesta en marcha de líneas de formación, a través de la Agencia Provincial de la Energía, en materia de eficiencia energética para los beneficiarios de ayudas, y la dotación de un fondo económico contra la pobreza energética, dedicado a evitar el corte de suministro de energía.En referencia a este plan la presidenta ha señalado: “Estamos hablando de un instrumento que incide de manera esencial sobre una realidades de enorme trascendencia social, como es el desempleo y la garantía de un nivel digno de prestación de servicios esenciales, como son los suministros de energía. Al tiempo, es una manifestación de la prioridad que este Gobierno provincial ha concedido a dar respuesta a las principales demandas e inquietudes de los alcaldes y alcaldesas de nuestros pueblos y de la sociedad gaditana en general, como es estar cerca de quienes más necesitan de lo público y de la implicación de las instituciones en su realidad social”.
En relación con las empresas distribuidoras, que firmarán próximamente un convenio con la Diputación, éstas se comprometen fundamentalmente a paralizar temporalmente el procedimiento de suspensión y, en su caso, reanudar el servicio en cuanto se comunique por parte de los profesionales de los asuntos sociales del ayuntamiento que el titular de la deuda es beneficiario de una ayuda. Así mismo, éstas se comprometen a facilitar la forma de pago de manera que no se incurra en intereses de demora o similares.
El ayuntamiento, por su parte, se comprometerá básicamente a estudiar los casos de los posibles beneficiarios de las ayudas, a comunicar a la empresa estos beneficiarios para evitar el corte de suministro y a hacer posteriormente efectiva la deuda en función de la ayuda obtenida para este fin.Las ayudas económicas del plan que se detallan pormenorizadamente en un documento adjunto a esta información, por el señalado importe de de 300.000 euros, se repartirán entre los municipios y núcleos de población de nuestra provincia señalados anteriormente en virtud de su número de habitantes. Esas cantidades oscilan entre 3.000 y 15.000 euros para atender a una población total de casi 208.000 personas.Evitar cortes de suministroEstos fondos van dirigidos fundamentalmente a evitar los cortes de suministro eléctrico y de gas de personas físicas o unidades familiares empadronadas en alguno de los municipios y que carezcan de recursos dirigidos a mantener dicho suministro en su vivienda habitual. “Se trata de un mecanismo de respuesta y de protección a colectivos especialmente vulnerables”, como ha destacado Irene García.Hay que señalar que en el Pleno del pasado mes de enero, la Diputación aprobó el Plan Provincial del Área de Igualdad y Bienestar Social, dentro del cual se integra la coordinación y gestión de ese Fondo contra la Pobreza Energética en el ámbito de los Servicios Sociales Comunitarios.Las ayudas serán gestionadas por los Servicios Sociales Comunitarios de cada localidad, los cuales constatarán el empadronamiento del solicitante y realizarán la valoración de cada una de las solicitudes, previa justificación de las situaciones económicas y familiares siguiendo un procedimiento establecido. Cada ayuntamiento deberá estudiar en cada caso su falta de recursos a través de una tabla de renta de los últimos seis meses de los miembros mayores de 16 años (1 miembro menos de 1 indicador público de renta, IPREM, 2 miembros inferior a 1,2 IPREM, 3 miembros inferior a 1,3 IPREM….); esas unidades familiares firmarán un compromiso de formación en materia de eficiencia energética con el beneficiario para su reeducación en este sentido.El Plan establece una serie de circunstancias de orden social que serán objeto de especial atención, como son: que algún miembro de la unidad familiar tenga la valoración de discapacidad o dependencia; que sea víctima de violencia de género; que sea persona usuaria de los servicios sociales municipales, como familia de intervención, solicitantes de prestaciones, de la Ley de Dependencia, usuarias de comedor escolar o con ayuda de material escolar, y que sea cabeza de familia monoparental.
En todos los casos, la Diputación abonará el importe correspondiente a cada ayuntamiento de forma anticipada: el 50% correspondiente a los primeros seis meses; y el segundo 50% de los seis meses restantes a la justificación del desarrollo del fondo en la primera mitad del año inicial.En esa misma línea de gestión política se incluyen por ejemplo las tres ediciones sucesivas del Plan de Cooperación Local, que habrán movilizado 12,6 millones de euros en menos de dos años de Gobierno en los municipios menores de 20.000 habitantes y en las ELA; así como los 8 millones de euros canalizados a través del Plan Invierte para las 55 localidades de la provincia, con lo que la inversión en materia de generación o mantenimiento de empleos habrá superado los 20 millones de euros en este período.
