El colectivo recuerda que dicho transformador llevaba varios años trabajando en régimen de sobrecarga, circunstancia que provocó su deflagración en las instalaciones del hotel 100% FUN de Tarifa, acabando con la vida de Mari Luz y de Sara, y dejando a seis compañeros supervivientes con secuelas físicas y psicológicas de por vida.

«Han pasado cuatro años, y seguimos esperando justicia, y que la Junta de Andalucía  implemente las medidas necesarias para que no haya otros casos como el nuestro», apuntan.

De nuevo en este aniversario, debido a las especiales circunstancias que estamos viviendo por la COVID-19, la asociación no va a convocar la manifestación con la que año tras año ha discurrido por las calles de Tarifa, en su lugar se va a realizar un sencillo acto de izado de la bandera con el logo de la Asociación en el castillo de Guzmán el Bueno en Tarifa, y a través de las redes sociales se pedirá de nuevo el apoyo de todos los que conocen nuestra causa.

«Tras cerrarse el proceso de instrucción el pasado mes de mayo, y conocer las conclusiones de los informes periciales, sabemos que la causa del incendio y deflagración se debió al régimen de sobrecargas severo al que estaba siendo sometido el transformador de alta tensión desde, por lo menos, el año 2013 y, presumiblemente, desde 2009. Las sobrecargas se producían prácticamente todos los días de los meses de verano, llegando a alcanzar factores de carga superiores al 175% en los momentos de mayor demanda», indican desde el colectivo de afectados.

«No nos consta que Endesa estuviese realizando los preceptivos análisis de capacidad de sus activos (líneas de distribución, centros de transformación, etc.), pese a ser una exigencia legal; de haber analizado la capacidad del transformador, tal y como le obliga la ley, se habría detectado el riesgo antes de producirse el accidente. Tampoco nos consta que los órganos competentes en materia de industria de la Junta de Andalucía lo exigiesen o lo supervisaran, si lo hubieran exigido se habría detectado la situación de riesgo», añaden.

El Auto del Juzgado de Instrucción nº 4 de Algeciras, de fecha 3 de mayo de 2021, manifiesta que los hechos pueden ser constitutivos de dos delitos de homicidio por imprudencia grave, en concurso con seis delitos de lesiones también por imprudencia grave, atribuibles a tres técnicos de ENDESA. Los escritos de acusación formulados por la representación de los heridos y familiares de fallecidos han solicitado para dichos técnicos de ENDESA cuatro años de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de su profesión.

La asociación lamenta que ante la insistencia de la necesidad de implementar algún protocolo para comprobar que dicha actividad preventiva consistente en el análisis de la capacidad de los transformadores previas a las nuevas autorizaciones de conexión, la respuesta de la Administración ha sido y sigue siendo, evasiva.

En consecuencia, como consideramos que esta situación no se puede seguir tolerando, ya que si nada cambia los accidentes continuarán produciéndose, estamos realizando una recogida de firmas a través de change.org para llevar nuestra petición al Parlamento Andaluz.

Si quieres apoyar esta iniciativa, puedes firmar en este enlace.