IAM/Redacción El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha anunciado que se van presentar denuncias penales, ante el Seprona y la Fiscalía, por delito ecológico al negarse el gobierno central a abrir la bocana del río Guadiaro, taponada de arena desde el 1 de septiembre.
Esa es la conclusión principal de la reunión que este miércoles han mantenido tres administraciones con intereses en el río: la subdelegación del Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de San Roque.El alcalde informó que desde este mismo martes trasladará a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de San Roque la defensa de los intereses del municipio, de los intereses de su fauna y flora, y por tanto en el que emprenda acciones judiciales contra los responsables de los delitos medioambientales que se puedan ocasionar con ese cierre del río Guadiaro.
“Esta dejación de funciones -prosiguió- afecta al delegado del Gobierno de España en Andalucía, Antonio Sanz, conocedor de esta situación; al subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, Agustín Muñoz, presente en esta reunión; y también, con esa aportación de soluciones tan erróneas, al jefe de la Demarcación de Costas del Gobierno Central en la provincia de Cádiz, Patricio Poullet.“Espero que no sea noticia en los próximos días que una bancada de peces mueren en el río Guadiaro ante la desidia y la dejadez del Gobierno Central por asumir sus competencias”, insistió el alcalde.“Y si hay algún tipo de delito medioambiental, que los que defendían que tenían las competencias para sancionar, se arrojen también las competencias de esa dejadez, y por tanto se hagan responsables de la posible mortandad de peces que ocurra ante la no actuación de abrir la bocana del río Guadiaro”, concluyó.“Tras este debate de una hora y media no se ha concluido nada -aclaró Ruiz Boix-, únicamente la intención del Gobierno de España de pedir un informe a la abogacía del Estado, que entiendo se encarga o llega tarde, porque ya lo podrían haber pedido el año pasado, o en cualquiera de las dos actuaciones que hemos realizado este año”, indicó el alcalde.
“Nos hemos quedado perplejos ante algunos argumentos del Gobierno Central, representados por su jefe de Demarcación de Costas con afirmaciones de que quizás el estado natural del río Guadiaro sea que su bocana deba estar cerrada”, desveló el alcalde.“Si la bocana del río es estar cerrada por ser su estado natural, y porque todos los ríos del Mediterráneo están cerrados, cosas que es totalmente ilógica y de un error brutal -recalcó Ruiz Boix-, viene a señalar que para corregir la situación del daño en la mortandad de peces que se puede producir y que ya se están dando algunos episodios, es que la Junta de Andalucía instale oxigenadores o difusores”. “En definitiva, quiere resolver una situación disparando con cañones a mosquitos”, ironizó.Ruiz Boix apuntó que la suma de las actuaciones de esa factura es de más de 14 mil euros que pagan los sanroqueños para actuaciones que no les corresponden en ningún caso, porque todo se resume en “un peloteo” entre dos administraciones: Gobierno Central y Junta de Andalucía. “Mientras sigue el debate se concluye con una cuestión: el Gobierno Central después dos años no tiene claro aún las competencias, y señala que va a pedir a la abogacía del Estado un informe sobre las mismas”.
“El Ayuntamiento sí que recuerda que en una de las actuaciones, cuando fue a actuar por emergencia y debido a la mortandad de peces, sufrió la apertura de un expediente sancionador”, alcaró Ruiz Boix.“Entendemos -continuó el alcalde- que quien tiene la capacidad y potestad de sancionar es quien tiene las competencias de ese río y de su bocana, como es el Gobierno de España, quien amparado en la Ley de Costas, amenazaba con multarnos con un importe de hasta 300.000 euros por actuar en emergencia”.Siguió Ruiz Boix recordando que la Ley de Costas que es una ley estatal. Señala que todas las competencias sobre el dominio público marítimo terrestre corresponden al Gobierno de España, y principalmente el artículo 111.A de la Ley de Costas indica que serán obras de interés general y por tanto corresponderá su competencia a la Administración General del Estado todas las que se consideren necesarias para la protección, la defensa, la conservación y el uso del dominio público marítimo terrestre, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes que la integran.Con ese artículo en el que finalmente viene a decir que todas la obras de interés general en ese dominio público marítimo terrestre y en la bocana del río Guadiaro corresponde al Estado, el alcalde indicó que se ha abierto un debate sobre si esa actuación necesaria es una obra de interés general o no.
Muñoz. “El alcalde se ha posicionado en contra del asesor jurìdico del Ayuntamiento”Subdelegación del Gobierno y Demarcación de Costas han mantenido que la competencia en esta actuación es de la Junta de Andalucía y que “si el objetivo que se persigue es la protección de la fauna piscícola y avícola, es claramente una competencia de la Junta, derivada del artículo 57 del Estatuto de Autonomía sobre ‘Medio ambiente, espacios protegidos y sostenibilidad’, así como de la transferencia de las competencias sobre el litoral”, ha manifestado Agustín Muñoz.Según el Decreto de transferencias 62/2011 la Junta tiene competencias para llevar a cabo obras en la costa, tal y como se indica en el apartado B del Real Decreto, en su punto 7, que incluye ‘La planificación, elaboración y aprobación de proyectos, gestión y ejecución de obras y actuaciones que no sean de interés general’.
El subdelegado se ha mostrado sorprendido por la postura del alcalde sanroqueño, Juan Carlos Ruiz Boix, “que desconocía las actuaciones llevadas a cabo por parte de la Demarcación de Costas en esta primavera. El alcalde atribuía al Ayuntamiento el dragado del río en solitario, cuando conoce -o debería de conocer, porque fue invitado a la visita que se hizo en abril y en la que estuvo su delegado municipal de Medio Ambiente, hoy presente en la reunión- que la Demarcación de Costas extrajo del estuario del Guadiaro 60.000 m3 de arena para la regeneración de la playa de Sotogrande, que recibió un total de 70.000 m3 de arena, ya que anteriormente había recibido otros 10.000 m3 extraídos tiempo atrás de la misma desembocadura”.Igualmente sorprende al subdelegado que el alcalde se haya posicionado reiteradamente en sus comparecencias públicas en que la competencia en relación con el cierre del río es de Costas y no de la Junta de Andalucía. “Ruiz Boix pretendía que en esta reunión se aclararan las competencias, cuando él ya venía con la idea y el prejuicio de que la competencia era estatal”.El alcalde “se ha arrogado incluso la interpretación de la Ley de Costas, en sus artículos 110 y 111, en contra incluso del asesor jurídico municipal”.
Éste, en su primera intervención, hizo referencia a la posibilidad de si es o no competencia estatal en cuanto obra de interés general esta actuación, al igual que hizo referencia a la posibilidad de ser competencia de la Junta de Andalucía, en cuanto ser un espacio de la Red Natura.“El alcalde, en una postura absolutamente parcial, se ha posicionado en contra del criterio de su propio asesor jurídico y a favor de la Junta, entendiendo que la competencia es estatal”, ha subrayado Muñoz.El subdelegado, a quien ha acompañado el jefe de la Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico, Patricio Poullet, ha dejado claro que la competencia es de la Junta en base a los artículos 110 y 111 de la Ley de Costas, que atribuyen al Estado las obras de interés general, aquellas precisas para la protección y defensa del Dominio Público Marítimo Terrestre.Desde el año 2011 la mayor parte de las competencias se transfirieron a la Junta de Andalucía.
El Estado, a través de la Demarcación de Costas, organismo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), mantiene las competencias referidas a las condiciones naturales del litoral y a su restablecimiento cuando sean alteradas de forma artificial o por circunstancias extraordinarias.“Sin embargo, algo reconocido por el alcalde y por los técnicos municipales y de la Junta de Andalucía, estamos hablando de un proceso natural, esperado y recurrente cada verano en este y en otros ríos que discurren a través de playas”, ha indicado Agustín Muñoz.
