IAM/Redacción El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha subrayado hoy que la decisión del Consejo de Ministros de pedir al presidente del Gobierno la interposición de sendos recursos de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley de la Junta de Andalucía que regula las 35 horas semanales y contra la Ley del Presupuesto autonómico para 2017 tiene como objetivo “defender la igualdad y el interés general”. (Foto archivo Antonio Sanz).
Sanz ha explicado que el Gobierno toma esta medida “en defensa del interés general” y para “garantizar la igualdad de horarios de los empleados públicos en todo el territorio nacional ” en cumplimiento de la Ley de Presupuestos que, ya en 2013, “estableció la jornada del personal al servicio de las Administraciones Públicas en treinta y siete horas y media”.A juicio del delegado, es “un error gravísimo de la Junta de Andalucía no haberse avenido a un acuerdo durante las negociaciones llevadas a cabo”, ya que “los ciudadanos nos piden lealtad y negociación frente a la confrontación” y “no se entiende que la presidenta de la Junta, que defiende la unidad y la vertebración de España, impulse una medida contraria a la Constitución”, según avala el dictamen emitido por el Consejo de Estado. En este sentido, Sanz ha explicado que el Gobierno de España se ha visto obligado a actuar “en defensa de la ley y de la igualdad”.Recurso contra las 35 horas semanalesEl delegado ha precisado que, aunque la Junta de Andalucía defiende su competencia para regular la jornada de su personal, el Gobierno estima que su Decreto-ley de 2016 contraviene la disposición adicional septuagésima primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que estableció la jornada del personal al servicio de las Administraciones Públicas en treinta y siete horas y media, así como el artículo 3 del Real Decreto-ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.Además, el Gobierno considera “que un Decreto-ley no es el instrumento adecuado para regular la jornada de los empleados públicos, al existir una legislación estatal en la materia”.Por otra parte, Sanz ha explicado que también se ha acordado presentar un segundo recurso contra el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2017, que habilita la contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de personal estatutario temporal y funcionario interino, cuando sea necesario, para reforzar la plantilla por la aplicación de la jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales.Es decir, “si se considera inconstitucional la medida para implantar la jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales, también se estima inconstitucional la habilitación presupuestaria para hacerla efectiva, en la Ley de Presupuestos de Andalucía, vulnerando las competencias estatales”, ha dicho el delegado.Sanz ha recordado, por otra parte, que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía “no tiene potestad para realizar anticipos a las corporaciones locales a cuenta de la participación en los tributos del Estado”, dado que se trata de “recursos propios de las entidades locales, cuya recaudación y criterios de distribución están encomendados al Estado, siendo la Comunidad Autónoma mero intermediario de la asignación de los mismos”.Finalmente, ha reiterado que el Gobierno de España “siempre tiene la mano tendida” para todo aquello que beneficie a los intereses generales de los españoles y de los andaluces” y se ha preguntado “cómo pensaba el Gobierno andaluz financiar la pérdida de horas de trabajo en la administración pública que conllevaría su iniciativa, cuando continuamente se quejan de falta de presupuesto, “sin menoscabo de la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos”.
Por ello, ha animado al Gobierno andaluz a que “rectifique la medida y ahorre a los ciudadanos un nuevo episodio de confrontación”.
