Según ha indicado la Junta en un comunicado, el delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, presidía este lunes una mesa de coordinación con otras instituciones y fuerzas de seguridad para avanzar en la lucha contra el fraude de diversas empresas de instaladores de gas butano y gas natural que comparten el mismo sistema de funcionamiento y que ya están siendo investigadas, y en algunos casos han sido sancionadas.   López Gil ha resaltado que las acciones contra estas empresas son «muy difíciles», pero la intención de la Administración andaluza es «cortar de raíz su actividad», para lo que es «fundamental» coordinar actuaciones con el resto de administraciones y fuerzas de seguridad.   La reunión ha servido para intercambiar información y analizar en qué pueden colaborar en esta lucha contra el fraude de las inspecciones del gas todas las administraciones en el marco de sus competencias, sobre todo porque la actividad de estas empresas continúa –en algunos casos con otro nombre– y las denuncias de los consumidores continúan llegando al servicio provincial de Consumo.   Cabe recordar que el servicio provincial de Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz ya ha sancionado a tres empresas de instaladores de gas butano y gas natural –dos con sede social en El Puerto de Santa María (Cádiz) y otra en Granada– que compartían el mismo sistema de funcionamiento cometiendo fraude a los consumidores.   La sanción administrativa asciende a un total de 246.000 euros y, en muchos de los casos, las infracciones cometidas se han calificado como graves. En total, estas empresas podrían haber estafado a los ciudadanos de la provincia de Cádiz hasta un millón y medio de euros en revisiones ilegales de sus instalaciones de gas.   Además, el servicio provincial de Consumo ha informado de que ya se está investigando también a una nueva empresa que actúa con el mismo ‘modus operandi’ de las anteriores y contra la que ya han llegado denuncias de los consumidores. En el marco de estas actuaciones ya se han realizado inspecciones y en breve se abrirá expediente sancionador contra ella.   Del mismo modo, se ha informado de que la Fiscalía ya ha admitido a trámite las denuncias presentadas desde el servicio de Industria por estos mismos hechos contra las primeras empresas ya sancionadas.   El delegado de la Junta, Fernando López Gil, informó el pasado mes de octubre de que la Administración autonómica tenía «cientos de denuncias» con facturas irregulares que van desde los 80 hasta los 500 euros y que afectan tanto a colectivos sociales con nivel educativo alto como a personas mayores con sus capacidades psíquicas mermadas y pocos recursos económicos.   Según detalló López Gil, las empresas estaban constituidas legalmente, dándose el fraude en la forma de actuar de estas empresas, presentándose en las casas particulares sin previo aviso o petición de los titulares, portando ropa de trabajo con logos de la Junta de Andalucía y documentación con la que simulaban ser un servicio oficial, y asegurando a los usuarios que tenían la obligación de revisarles la instalación.   Tras la inspección, en la que a veces deterioran ellos mismos la instalación, informan al cliente de la obligatoriedad del cambio de elementos como el tubo de conexión o la válvula de control. Si la persona se niega, le amenazan con que le van a quitar e