Esto supone un retroceso brutal para los derechos de las mujeres. Desde el Ministerio de Justicia se pretende acabar con un derecho reconocido a las mujeres eliminando la ley vigente que, aunque todavía no apostaba de una manera clara por el aborto libre y gratuito, era un avance para los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Quieren introducir una supuesta protección a los fetos con malformaciones para que en estos casos tampoco se pueda ejercer el derecho al aborto. Esto supone no solo condenar a miles de niños y niñas a vivir con una baja calidad de vida sino que también condena a sus familias, y en especial a las madres ya que esto supone un grave riesgo para la salud de la mujeres. Volvemos a tiempos pasados, volvemos a que las imposiciones machistas manden sobre el cuerpo de las mujeres y sobre nuestra vida, volvemos a esos años en que las ricas abortaban yendo a Londres y las pobres o se arruinaban para ellos o se veían obligadas a ser madres o morían desangradas en alguna clínica clandestina. Esta reforma está pensada contra las mujeres. Pretende satisfacer a la iglesia y a los grupos “pro vida”, anunciando que no será supuesto para abortar la inviabilidad, la deficiencia física o la enfermedad grave del feto. Las mujeres volvemos a ser utilizadas como mercancía de trueque a cambio de ceder nuestros derechos y libertades, como el derecho de decidir sobre nuestra vida. Por si fuera poco esta reforma también pretende traer niños al mundo para que con suerte, sean mano de obra barata, eso si consiguen sobrevivir a las enfermedades, el hambre y la miseria a la que seguramente sean condenados nada más nacer debido a todos los recortes impuestos en los distintos ámbitos por el gobierno del Partido Popular. Es por ellos que desde la UJCE reivindicamos nuestro derecho individual e intransferible a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestras vidas y reclamamos una fuerte movilización en contra de esta vulneración del derecho a la vida de las mujeres por encima de los no nacidos, exigimos la no continuidad en este proceso legislativo, y condenamos que la salud sexual y reproductiva sea para quienes tengan dinero, y para el resto suponga la cárcel o ponga en peligro su vida.