Esta pareja, residente en Tarifa y padres de dos niñas de 8 y 10 años, sufrió un trágico accidente a principios del mes de enero, en el que fallecieron dos ocupantes del vehículo y quedando ellos heridos de gravedad. Por tal motivo tuvieron que trasladarse toda la unidad familiar a Loja, donde residen familiares que podían hacerse cargo de las pequeñas y atender a los padres en su recuperación.

Allí han estado escolarizadas durante todo el segundo trimestre en un CEIP local, donde no tuvieron inconvenientes en matricularlas superando la ratio al ser, como marca la ley, un caso de matriculación sobrevenida por causas mayores.

Tras Semana Santa, dada afortunadamente la mejoría de los padres e intentando que sus hijas regresasen lo más pronto posible a la ansiada normalidad, deciden regresar a su domicilio en Tarifa, pero se encuentran la sorpresa de que la plaza escolar de la pequeña ha sido ocupada por el hijo de otra maestra que llegó en ese tiempo para una sustitución temporal al mismo colegio. I

Planificación Educativa, aun estando libre la de la hija mayor, les propone el cambio de centro a ambas, ya que se niegan a que la pequeña sea matriculada en el centro al tener el grupo ya 25 alumnos.

A pesar de que tanto el tutor como la dirección del centro, las familias del alumnado y la propia inspectora manifiestan al Servicio de Planificación su deseo de que la niña regrese a su grupo –donde ya estaba matriculada desde principios de curso, y donde ha estado escolarizada durante toda su vida escolar, y donde su hermana ya había regresado a las aulas-, desde Delegación se niegan, al expresar su disconformidad con que el grupo supere la ratio permitida de 25 alumnos.

Ustea y CGT quieren expresar su «absoluto rechazo a esta decisión, que vulnera la propia ley de escolarización que en tantas ocasiones hemos denunciado (artículo 87.2 de la LOE, que vuelve a contemplar la LOMLOE: Asimismo autorizarán un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos/as por aula en los centros públicos y privados concertados, bien para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía, bien por necesidades que vengan motivadas por traslado de la unidad familiar en período de escolarización extraordinaria debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales…») .

«Como siempre hemos dicho -y ahora Delegación nos demuestra- la ley permite superar la ratio hasta en ese 10% en casos de matriculación sobrevenida por circunstancias excepcionales una vez el curso comenzado, pero no desde septiembre, como ha sido la tónica habitual durante años en muchas aulas de esta provincia. En este caso, además, no se trata de una matrícula sobrevenida, ya que esta niña estaba matriculada en el centro durante este curso y tuvo que desplazarse temporalmente a causa del accidente de sus padres», señalan.

Para las dos formaciones sindicales, «se da la paradoja, además, de que la plaza está ocupada solo temporalmente por el hijo de esa maestra que estará como mucho el resto del trimestre (al que el artículo 87.2 también ampara, al haberse desplazado su madre por motivos laborales), y que en el aula habrá 26 niños/as durante solo dos meses y medio que quedan de curso escolar. Es inaudito que, con todas las aulas que tenemos sobrepasando la ratio de manera ilegal, no se permita la escolarización de esta niña siguiendo precisamente la norma, y teniendo el visto bueno favorable de toda la comunidad educativa. Al incumplimiento de la ley se suma una falta de humanidad imponente, que solo contribuye a aumentar la situación de estrés postraumático vivido por esta niña y toda su familia, por lo que han decidido ponerlo en manos del Defensor del Menor».

«Consideramos que en este caso están influyendo razones que podrían ir mucho más allá de lo meramente escolar, ya que el padre de esta niña es delegado sindical de Ustea y se le ha llegado a insinuar que la razón de esa negativa sería nuestra denuncia a fiscalía por ratios sobrepasadas en las aulas de la provincia. Si ello es así, no solo se estaría vulnerando la libertad sindical –recordamos que esa denuncia fue planteada a principios de curso desde la Junta de Personal Docente no Universitario por todas las organizaciones sindicales que la forman, ante las medidas sanitarias necesarias por la pandemia- , sino que se estaría ejerciendo una vil venganza sobre una niña inocente de 8 años y su familia, a las que la vida ya ha puesto de por sí en una durísima situación», apuntan.

Ustea y CGT exigen al delegado provincial de Educación y al servicio de Planificación Educativa «la inmediata matriculación de esa niña en su centro escolar y en su propia plaza, dado que, como hemos expresado, es la única situación legal en la que la norma permite sobrepasar la ratio y claramente está amparado por la LOE».

Piden también «que den razones de cuáles son los motivos que se esrimen para negar dicha escolarización», por lo cual solicitan una reunión urgente con el delegado de Educación y el jefe del servicio de Planificación Educativa, Joaquín Mateo.