La idea parte del hecho de que las comercializadoras, tanto de gas como de electricidad (nos centraremos aquí en las segundas), ofrecen tarifas poco transparentes y muy similares entre sí. Los organizadores consideran que la oportunidad de ganar un gran número de clientes estimulará la competencia entre las comercializadoras, que ofrecerán precios más bajos a costa de reducir sus márgenes de beneficio. El formato elegido para la negociación es una subasta, en la que la comercializadora que haga la mejor oferta se quedará con todos los contratos.
Desde el Observatorio Crítico de la Energía aplaudimos cualquier proyecto que suponga que los ciudadanos participen en los opacos mecanismos del mercado eléctrico, pero consideramos que los resultados de esta iniciativa pueden ser más complicados de lo que se ha previsto, y querríamos aportar algunas reflexiones al respecto.
¿Qué puede suceder el día de la subasta?Si la iniciativa se lleva a cabo, hay dos escenarios posibles el día de la subasta:
El primer escenario es que la iniciativa no reúna una cantidad suficiente de hogares como para atraer la atención de las comercializadoras. Si es así, el grupo de compra no tendrá capacidad de negociación. En otras palabras, las comercializadoras no tendrán incentivos para ofertar un precio por debajo de los que ya ofrecen individualmente a día de hoy. Este escenario parece poco probable: a falta de casi un mes para que acabe el plazo, hay ya más de 100.000 hogares apuntados. Aparentemente, la continua subida del precio de la electricidad y el gas, junto con la clara percepción de actuaciones abusivas por parte de estas empresas, está movilizando a un número creciente de ciudadanos. Este puede ser, sin embargo, otro motivo por el que las comercializadoras decidan no participar en la subasta, y así sabotear la iniciativa: evitar que el éxito de este esfuerzo colectivo dé pie a movimientos de mayor calado.
La segunda posibilidad es que la estrategia dé resultado: que acudan varias comercializadoras a la subasta, que ésta sea realmente competitiva y que efectivamente se logre un precio más bajo para los consumidores. Desarrollamos ese escenario en el siguiente punto.
Si la subasta funciona, ¿qué implicaciones tiene?Hay que tener en cuenta que la compra en bloque actúa únicamente sobre el margen de beneficio de la comercialización. Una comercializadora es una empresa que, por un lado, compra energía en el mercado mayorista de la electricidad a los generadores eléctricos y, por otro, la vende luego a los consumidores. La diferencia entre el precio al que la vende y el precio al que la compra incluye el margen de beneficios de la comercializadora. En principio, una comercializadora puede estar dispuesta a reducir su margen por cliente si eso le permite captar más clientes y así aumentar sus beneficios totales. La subasta sirve para determinar, mediante mecanismos de mercado, qué comercializadora está dispuesta a reducir más este margen.
Es probablemente cierto que, como consideran los organizadores, los márgenes de beneficio de la comercialización son excesivos, ya que hasta ahora han aprovechado la “inercia” del consumidor a permanecer con su actual comercializadora (inercia incentivada por la falta de transparencia y la poca diversidad de ofertas existentes). En ese sentido, si se logra llevar a cabo una subasta realmente competitiva, probablemente servirá para mejorar las tarifas de los participantes en el grupo de compra.
Sin embargo, este excesivo margen está lejos de ser la raíz de los problemas de nuestro sector eléctrico. Aun en el supuesto de que se lograse reducir los beneficios de las comercializadoras a un margen razonable, seguirían existiendo graves problemas en otros segmentos del negocio:
En la generación, seguiríamos determinando el precio de la electricidad con criterios que no tienen nada que ver con el coste, lo que nos lleva a absurdos como pagar a las hidroeléctricas el agua a precio de gas, o regalar a las nucleares unos windfall profits ilegítimos porque esas centrales se construyeron con una rentabilidad garantizada por el Estado.En la distribución, seguiríamos pagando unos costes regulados opacos que durante décadas han estado fuera de discusión, al margen de cualquier auditoría.En cuestión de política energética, seguiríamos pagando los erráticos bandazos que desincentivan el ahorro, la eficiencia, el desarrollo de energías renovables y el cambio de modelo energético. Seguiríamos manteniendo subvenciones de cientos de millones de euros a empresas cementeras por “interrumpibilidad”, un servicio que lleva años sin utilizarse. Seguiríamos subvencionando el gas a través de los pagos por capacidad.En general, tampoco se ataja el problema de la clara situación de oligopolio del mercado en la que unas pocas empresas pueden, por ejemplo, determinar el precio del mercado mayorista.Lamentablemente, que las comercializadoras tengan menores beneficios no aporta en absoluto soluciones a estos problemas. Por tanto, esta iniciativa puede resultar en una bienvenida bajada de precios para los consumidores que se apunten, pero no muy alta, como reconocen los propios organizadores. Y sobre todo, tiene de por sí poco recorrido a la hora de atacar la raíz de los problemas de nuestro sistema eléctrico, puesto que no ataca a los eslabones del mercado en los que se encuentran esos problemas. De hecho, podría incluso posponer su solución si consigue una rebaja que apacigüe los ánimos de los consumidores.
Finalmente, debido a los graves defectos del mercado eléctrico, este segundo escenario podría llegar a tener efectos negativos. El motivo es que las grandes eléctricas españolas forman, como decíamos antes, un oligopolio integrado verticalmente, y participan tanto en el segmento de generación (producen energía y la venden en el mercado mayorista en el que compran las comercializadoras) como en los de distribución y comercialización. En esa situación, parece razonable pensar que las comercializadoras que más puedan ajustar sus beneficios pertenecerán a empresas que puedan “apoyarse” sobre otros segmentos del negocio (en los que, como hemos dicho, tienen lugar claros abusos). Por lo tanto, este hipotético descenso de precio de la electricidad se haría probablemente a costa de que las empresas del oligopolio eléctrico mantengan o incluso aumenten su cuota en el mercado de la comercialización, frenando o haciendo retroceder otras iniciativas que tímidamente empiezan a crecer. Estas otras propuestas suelen funcionar como cooperativas que producen y comercializan energía 100% renovable. Esto les permite avanzar en el necesario cambio de modelo energético involucrando en el proceso a los ciudadanos que quieran participar en él. Sin embargo, debido a su pequeño tamaño, y a carecer de las ventajas (en general ilegítimas) de las empresas del oligopolio, parece difícil que puedan sostener la competencia si estas últimas deciden reducir el margen de beneficio en la comercialización. Por otra parte, la agrupación de los usuarios en un “paquete” tan grande también dejará fuera de la subasta a las pequeñas y medianas comercializadoras, que simplemente no disponen de la infraestructura necesaria para incorporar cien mil usuarios en un día, favoreciendo de nuevo a las grandes eléctricas.
En definitiva, lo que realmente necesita nuestro mercado eléctrico es una regulación adecuada que racionalice los precios asociándolos a los costes reales, que fomente objetivos verdaderamente útiles para la sociedad como la generación renovable y la eficiencia energética y sobre todo, que acabe con los abusos derivados del hecho de que cinco empresas controlen todo el mercado energético nacional. Es por tanto de temer que una vez más la quimera de la competencia en el libre mercado nos aparte de lo que consideramos debe ser nuestra principal meta: un sistema eléctrico gobernado por los poderes públicos y puesto al servicio de los ciudadanos.
No obstante, y una vez planteadas estas reflexiones, queremos quedarnos al menos con un aspecto inmediato, claro y positivo: se acabó la era de inmovilismo, los consumidores eléctricos están tan molestos con los abusos de las grandes eléctricas que están dispuestos a movilizarse y reclamar cambios en las reglas del juego. Y esa implicación de los ciudadanos en el mercado puede ser el primer paso para llevar a cabo los cambios verdaderamente necesarios.
