IAM/Redacción Se plantea imprescindible que en España se lleve a cabo un proceso de industrialización que permita un crecimiento sostenido y sostenible de la productividad de nuestra economía, que busque competir con otros países por la inversión en I+D+i y tecnología, y no por los bajos salarios y la rebaja en las condiciones laborales, como ha ocurrido en los últimos años.

Los años de gobierno del PP se han caracterizado por una ausencia total de política industrial que ha tenido como consecuencia un debilitamiento claro de la industria. De hecho, el peso de la industria en el PIB, ha pasado del 16% en el 2011 al 15,5% en el 2014.

Los socialistas defendemos la definición de un marco estatal de estrategia industrial que tenga en cuenta las estrategias de industrialización de las Comunidades Autónomas y otras estrategias disponibles por parte de las mismas como la RIS3: Estrategia de especialización inteligente.

Y en el marco de esta estrategia estatal, para potenciar este proceso de industrialización y con la  participación decidida  de las administraciones públicas, establecer  herramientas financieras eficaces que permitan el crecimiento y la modernización de nuestro tejido industrial.

Desde hace años existen ayudas para la reindustrialización y la competitividad industrial por parte del gobierno de España, que se han venido convocando año tras año, con resultados muy dispares a lo largo de las distintas convocatorias.

En el año 2011 se publicó la “Evaluación del Programa de Ayudas para actuaciones de Reindustrialización”, llevada a cabo por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas de Calidad de los Servicios (AEVAL), incluida en el Plan de Evaluaciones para el año 2010. De acuerdo con este informe, la valoración del programa por parte de la población objetivo fue claramente positiva. El aspecto más valorado, en general, fue la tipología de las ayudas (préstamos a 10 años, con 5 años de carencia y sin tipo de interés).

Hasta el año 2012 estas ayudas despertaron un gran interés y tuvieron un importante seguimiento que se reflejó en el incremento del número de solicitudes recibidas, el aumento presupuestario y un buen porcentaje en la ejecución.

Pero con el cambio de las bases de las convocatorias, llevado a cabo por el gobierno del Partido Popular en 2013, modificando sustancialmente las condiciones y sin tener en cuenta las recomendaciones de la evaluación realizada, el resultado empeoró ostensiblemente. Algunos de estos cambios fueron: imposición de avales por importe del 10 por ciento del préstamo interesado en la solicitud nada más presentarla, interés priorizado y diferenciado en función de la clasificación obtenida por el beneficiario que condena a la mayoría de los casos a un interés por encima del de mercado, además de un proceso de solicitud tortuoso, excesivamente burocrático y complejo que entorpece el acceso de la mayoría de empresas.

Los datos dejan claro este evidente empeoramiento: una reducción de 38 millones (15%) en las ayudas disponibles y una caída significativa de la ejecución presupuestaria, pasando del 90% de lo presupuestado en 2012, a situarse por debajo del 20% durante los años 2013, 2014 y 2015. En consecuencia: en el año 2015 se concedieron 186 millones menos que en 2012, pasando de 224 millones en 2012 a 38 millones en 2015, en las partidas destinadas a las zonas prioritarias de reindustrialización.

Otra de las recomendaciones realizadas por la AEVAL relativa a mejorar y aumentar la coordinación con las CCAA a la hora de establecer los planes tampoco se ha tenido en cuenta a la vista de los resultados observados.

Por todo ello, es imprescindible revisar las condiciones de las ayudas para que, en un marco estatal estratégico coordinado con las CCAA, se introduzcan en las próximas convocatorias las modificaciones necesarias que favorezcan la reindustrialización del país de una manera efectiva, y cuyas bases sean atractivas y útiles para el público objetivo de las mismas.

Esta revisión deberá llevar obligatoriamente un proceso de evaluación previo, como el llevado a cabo en el año 2011 por la AEVAL, proceso que debe ser lo más participativo posible: involucrando a beneficiarios de las convocatorias anteriores, potenciales beneficiarios, Comunidades Autónomas y agentes sociales, entre otros.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:

PROPOSICIÓN NO DE LEY

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar un proceso de evaluación de los programas de ayudas a la reindustrialización y fomento de la competitividad industrial, concedidos por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el periodo 2013-2015, con el objetivo de analizar el cumplimiento de los objetivos previamente establecidos. La evaluación y la definición de recomendaciones deberán realizarse, preferentemente por la AEVAL y con participación institucional, involucrando a beneficiarios de convocatorias anteriores, potenciales beneficiarios, CCAA, agentes sociales y económicos y la FEMP.

1. Modificar las bases de las convocatorias de ayudas para la reindustrialización y fomento de la competitividad industrial del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en base a las recomendaciones del proceso de evaluación y en un marco estatal de estrategia industrial”.