TCAM/REDACCION EL vecino de uno de ellos y con el que había mantenido diversos enfrentamientos debido a problemas vecinales. La Fiscalía solicita una pena de cinco años de prisión por un delito continuado de falsedad documental, mientras que para el segundo pide cuatro de años al considerarlo coautor del mismo delito. Según el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el agente de la Guardia Civil M.A.G, destinado en el puesto de Alcalá de los Gazules (Cádiz) desde mayo de 2007, había venido manteniendo diversos enfrentamientos con A.C. debidos a problemas vecinales. Así las cosas, el día 7 de octubre de 2007 el acusado, «faltando gravemente a la verdad», extendió un boletín denuncia contra el A.C. en el que afirmaba que, sobre las 09,00 horas del día de la denuncia, circulaba a bordo del vehículo de su propiedad por la carretera A-381 en dirección a Jerez de la Frontera, sin hacer uso del cinturón de seguridad. En el referido boletín de denuncia, el acusado hizo constar como denunciante y como testigo a otros dos agentes «simulando la firma de cada uno de ellos». Tres días después, y «faltando igualmente a la verdad», el acusado, en connivencia con el otro acusado J.M.C.O., también agente del Instituto Armado destinado en la misma localidad gaditana que el anterior, extendieron otra denuncia contra el mismo hombre haciendo constar que, sobre las 13,00 horas del mismo día, había estacionado su vehículo en un paso de peatones de la A-2004 kilómetro 3,200, de la localidad gaditana de Jerez de la Frontera. En la denuncia, constaba como denunciante el primer acusado y actuaba como testigo el segundo. De nuevo en días posteriores, concretamente el 13 y el 19 de enero de 2008, «con temerario desprecio a la realidad», el principal acusado extiende nuevamente sendos boletines de denuncia contra la misma persona, haciendo constar en ellos la intervención «falsa» de otro agente como testigo, simulando la firma de éste, por no haber presentado debidamente la preceptiva Inspección Técnica de dos vehículos de su propiedad. Los hechos relatados son, según el Ministerio Fiscal, constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento oficial, por el que solicita para el principal acusado una pena de cinco años de prisión al considerarlo autor directo del delito; mientras que para el segundo acusado, al que considera coautor de un delito de falsedad en documento oficial, solicita cuatro años de cárcel.
