La consejera de Salud, María Jesús Montero, ha dicho que confía en obtener el apoyo de los partidos para tramitar en el Parlamento dicho texto por la vía de urgencia, ya que ha sido ampliamente debatido y cuenta con un importante respaldo social, ha argumentado.
Una de las principales novedades es que las iniciativas, proyectos, obras y actividades públicas y privadas requerirán para su aprobación de un informe de evaluación de impacto en la salud colectiva.
No obstante, la consejera ha matizado que este informe, vinculante y preceptivo, no alargará los plazos de la tramitación de los proyectos empresariales.
Asimismo, ha destacado que con este texto, que garantiza derechos de nueva generación y establece las obligaciones ciudadanas, se pretende conseguir que Andalucía «sea sinónimo de tierra saludable».
El texto recoge un catálogo de derechos de los ciudadanos, entre los que destaca a conocer el estado epidemiológico de la zona donde se resida.
«Se trata de nuevos derechos que los ciudadanos podrán reclamar, ya que se formulan regulados por esta ley», ha proseguido Montero, quien ha llegado a calificar estas nuevos derechos de ‘tercera generación’ y que otorgará al ciudadano «su derecho a conocer el estado epidemiológico del entorno donde viva, sobre salud ambiental y las características de las condiciones que regulan su alimentación».
Entre los derechos regulados también destaca el relativo al conocimiento y que obligará a la Administración «no sólo a poner a disposición del ciudadano la información que le afecta, sino también la capacitación necesaria para analizarla, asumirla y utilizarla libremente en las decisiones sobre su salud».
El derecho al conocimiento incluye también el acceso al resultado de las investigaciones y estudios de la autoridad sanitaria, así como a obtener información sobre las características esenciales de los productos alimentarios y sus condiciones de
De igual modo, se establecen los derechos a disfrutar de un adecuado nivel de salud pública; a contar con estrategias públicas de educación para la salud, movilidad sostenible y de promoción de actividades físicas; a la inmunización contra las enfermedades infectocontagiosas, y a recibir las prestaciones preventivas o rechazarlas siempre que esta decisión no afecte a terceras personas.
En materia urbanística y de vivienda, se recogen derechos relacionados con la inclusión de zonas verdes en los planeamientos, la prohibición del uso de materiales de construcción que suponen riesgos para la salud y la garantía de un perímetro de seguridad en la puesta en marcha de actividades o zonas industriales.
Junto con la evaluación de impacto en salud de las actividades económicas, el proyecto de ley prevé también la posibilidad de establecer incentivos para las empresas que realicen planes de autocontrol o auditorías voluntarias.
El proyecto de ley, que ha incorporado más de 400 alegaciones presentadas por 86 entidades, posibilita la transversalidad de la prevención y la promoción de la salud a las distintas políticas, especialmente en los ámbitos del empleo, la vivienda, el deporte, la innovación, la educación y el urbanismo.
La consejera ha resaltado que el texto establece, por primera vez en el contexto nacional, el principio de equidad generacional, es decir, la obligación colectiva de asegurar en el futuro las condiciones que hacen posible la salud pública.
Para ello, además de los derechos, se recogen también las responsabilidades de la ciudadanía, entre ellas poner en práctica las medidas de protección, promoción y prevención; utilizar adecuadamente la información recibida; no causar voluntariamente un peligro para la salud, y poner en conocimiento de la autoridad sanitaria cualquier situación que pueda constituir una emergencia pública.
