En Algeciras tenemos un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Está situado en la antigua cárcel de La Piñera (hecho desconocido para la mayoría de los algecireños), pero dadas sus pésimas condiciones, los colectivos sociales llevan años pidiendo su cierre. De hecho, en 2016, la Jueza de Control del CIE denunciaba su situación, aunque de poco sirviera para cambiar su realidad.
Ahora, parece que ha llegado el momento de su cierre, ya que está por abrirse un nuevo CIE, junto al centro penitenciario de Botafuegos, en terrenos cedidos por el Ayuntamiento (20.000 metros cuadrados), con capacidad para albergar a 500 emigrantes y un costo aproximado de 37 millones de euros.
Ni un viejo CIE, con lamentables condiciones, ni un nuevo CIE, tiene en cuenta el sufrimiento de los migrantes. Algo que se oculta a la sociedad porque este es un internamiento con sordina: silencioso, sin estrépito y con disimulo.
Desde la pandemia, el número de internos se mantiene relativamente bajo, y frecuentemente son personas con antecedentes penales o policiales, lo que no justifica la existencia del CIE. Además, se sigue truncado la trayectoria de arraigo y la vida familiar de las personas internas pendientes del acuerdo de expulsión.
Los migrantes sufren un abandono de las instituciones españolas y europeas. Los CIE forman parte de una política deshumanizadora, de una estrategia de más altos vuelos contra las personas migrantes. Por ello, todavía es preciso acompañar, servir y defender a personas internadas en los CIE de Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Murcia y Madrid, como hacen diversas ONG, entre ellas, APDHA y Algeciras Acoge.
Este es un llamamiento a la sociedad civil para que se interese por las personas sobre las que pesan órdenes de expulsión y devolución, así como sobre las condiciones de vida y trabajo en los CIE. No sabemos para qué, ni por qué existen los CIE, ya sean viejos o nuevos. La realidad es que no solucionan nada.
El Defensor del Pueblo lleva tiempo solicitando al Gobierno un Protocolo para los CIE y los CATE, que todavía no existe, aunque cada día sea más necesario para dar un trato humano a los que allí se encuentran internados sin haber cometido delito alguno.
Recordemos que el 70% de las personas internas en los CIE presentan una sintomatología elevada de depresión y ansiedad tras su ingreso, una prevalencia por encima de la media con situaciones de nerviosismo, soledad, tristeza o problemas para dormir. Así lo evidencia un estudio presentado por el Centro Investigación y Acción Comunitaria de la Universidad de Sevilla (CESPYD) y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).
Estos centros han realizado 87 entrevistas a personas internadas en los centros de Algeciras, Madrid y Valencia. Dos de cada diez personas encuestadas aseguran haber intentado infligirse daño a sí mismas durante su internamiento, por eso el informe sitúa a los CIE como espacios de riesgo para el desarrollo de problemas de salud mental. Algo obvio para quienes enfrentan pérdida de libertad, despersonalización e incertidumbre.
El estudio concluye que el internamiento contribuye al empobrecimiento de la salud mental de forma directa al generar un daño psicológico a largo plazo, y ha situado los centros de internamiento como contextos de riesgo para prácticas autolesivas. Así que, los CIE no son la respuesta al reto de la inmigración.
La respuesta a la inmigración en buena medida determinará el futuro de este país, pues de los 48,8 millones de habitantes de España, 8,7 han nacido en otro país, es decir, un 17,8% y el 22% de los niños de este país tienen al menos un progenitor foráneo. La inmigración como fenómeno es una realidad que hay que gestionar, no un problema que hay que solucionar. Por eso, cualquier discurso político debe reconocer que España ya no se puede entender sin su población de origen extranjero.
Los discursos políticos que prometen soluciones ignoran que la población extranjera ya es una parte indisoluble de la sociedad, la economía y la cultura española. Y no es exagerado decir que, la economía española colapsaría, sin esta aportación.
España con una economía abierta y una sociedad pacífica, a la que no podemos renunciar, seguirá atrayendo talento y mano de obra de fuera. Inevitablemente algunos están tan desesperados ante la falta de alternativas en sus países, que están dispuestos a jugarse la vida.
España fue el cuarto país de la OCDE que más inmigrantes permanentes legales recibió en 2022. Ya son el 13,6% de quienes trabajan en España. La diversidad irá a más y es un reto con múltiples aristas. No es una amenaza ni socava la cohesión social. El miedo, el odio y el racismo, que plantea la ultraderecha, y a veces el PP, si lo hacen. No hay duda. El PP como partido de gobierno tiene conocimiento y responsabilidad de la cuestión migratoria, pero no quiere enterarse. Se olvidan que reconocer la dignidad humana es la primera obligación de la política.
