En estas elecciones del 28M los populares han recuperado 6 de las 10 autonomías de los socialistas, incluida la Comunidad Valenciana, que el PP había perdido por la corrupción de la década pasada. Y es que dicen que la memoria económica dura 10 años, pero aún más breve es la memoria de la corrupción.
Pero hoy no quería hablar de elecciones, sino del laboratorio creado en 2018 por los socialistas en la Generalitat Valenciana, “Laboratorio de Análisis y Evaluación de Políticas” (IvieLAB), donde se experimenta con una formula innovadora para reformar el modelo territorial de este país.
Una iniciativa cuyo objetivo es estudiar las actuaciones de las administraciones públicas en diferentes ámbitos. En diversas ocasiones ha denunciando el dumping fiscal normalizado por la Comunidad de Madrid para beneficiar a sus elites o ha señalado que la infrafinanciación acumulada sufrida por la Comunidad Valenciana y otras regiones, como la Andaluza, las condena a un endeudamiento perpetuo.
Sin embargo, el problema del mal funcionamiento del modelo territorial actual no está en las reivindicaciones nacionalistas sino en la búsqueda de un desarrollo autonómico justo. Las demandas no cuestionan la soberanía, sino una redistribución del poder que se evidencia injustamente distribuido en la actualidad en beneficio de unas Comunidades y en perjuicio de otras.
No es casualidad que la infraestructura que puede revolucionar el mapa de la logística española, superando el ideológico corsé radial, y de otras regiones como la andaluza -y más concretamente el de la Bahía de Algeciras y su Puerto-, haya sido liderada por académicos y empresarios valencianos con su apuesta perseverante por el Corredor Mediterráneo, cada vez más cercano (planificado al 100%, licitados 4.850 millones de euro desde 2018, adjudicados 3.870 y ejecutados 2.239, según datos del profesor J.V. Boira). Pero eso no se ha hecho aquí ni por académicos ni por los empresarios de las grandes industrias del Campo de Gibraltar (AGI). ¿Por qué?
No es casualidad tampoco que el 8 de octubre de 2021 Rebeca Torró -secretaria autonómica de Economía Sostenible Valenciana- enviase una carta a Alfonso Sancha -vicepresidente ejecutivo de Compras de SEAT- defendiendo una alternativa industrial que no había considerado Volkswagen: el Parc Sagunt II, junto al puerto y conectado por su buena red de trenes con las factorías de Martorell y Pamplona. Un espacio óptimo para la gigafactoría de baterías, que ya está en marcha.
Tampoco es casualidad que Valencia sea la comunidad que lidera la gestión de los fondos europeos en este país. Este cambio de paradigma se está haciendo a cambio de no plantear otras alternativas territoriales, como la establecida por la Unión Europea (UE) en 2013, considerando la línea férrea de Algeciras-Bobadilla como un tramo de gran importancia estratégica para la vertebración territorial española, e incluyéndola como parte prioritaria de los Corredores Mediterráneo y Atlántico. Pero a los sucesivos Gobiernos españoles se les ha olvidado en favor del Puerto valenciano.
A pesar de lo dicho por Bruselas, el Estado español mantiene abandonado el proyecto de Algeciras-Bobadilla contraviniendo los reglamentos comunitarios, de obligado cumplimiento, e impidiendo el desarrollo del Puerto de Algeciras, del Campo de Gibraltar y de Andalucía en su conjunto. Eso sí, conserva en servicio un tren tortuga del siglo XIX, lento, no competitivo y altamente contaminante. Todo un esperpento logístico.
Alguien debería explicar por qué sucede esto. Raquel Sánchez, la ministra de Transportes, anunció a principio de año en Algeciras la presentación de un Plan Director del tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla para acelerar la modernización de la línea e impulsar el transporte de mercancías en tren, mejorando la conectividad terrestre del Puerto de Algeciras y el servicio de la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras. No en vano, decía la ministra, que el puerto de la Bahía de Algeciras es “la puerta sur de Europa para los tráficos comerciales de África y América”. ¡A buena hora mangas verdes!
Pero hay más, este Plan director, explicaba la ministra, “contará con un presupuesto inicial de 450 millones de euros, distribuido en los próximos 5 años -90 millones por año, insuficiente para el proyecto-, que permitirán alcanzar la interoperabilidad europea para la línea y situará al puerto de Algeciras a la vanguardia de la multimodalidad”. El objetivo es agilizar y hacer seguimiento de todas las actuaciones necesarias para transformar el tramo y alcanzar la interoperabilidad de esta línea ferroviaria de 174 kilómetros. ¿Será verdad?
Por último, decía la ministra, se instalará el ancho mixto, permitiendo el tráfico en ancho ibérico e internacional (UIC), para así conectar los tráficos de mercancías y de pasajeros de Algeciras con el centro y este peninsular, vía Córdoba y Granada, por los corredores europeos Atlántico y Mediterráneo. La modernización de esta línea es crucial para el impulso del transporte de mercancías por tren, porque el tramo es un punto crítico por donde discurrirá la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras, y actualmente supone un cuello de botella para la llegada y salida de mercancías del Puerto algecireño por ferrocarril. Remarcando la ministra, que “ésta es una infraestructura estratégica muy importante para el país”.
Estamos ante las mentiras de siempre sobre la programación, desarrollo y presupuestos de la línea de ferrocarril Algeciras-Bobadilla de los corredores Atlántico y Mediterráneo; del Plan Integral del Campo de Gibraltar y de las infraestructuras del Puerto de Algeciras, imprescindibles todas ellas para el desarrollo y mejora del empleo del Campo de Gibraltar y Andalucía.
El Campo de Gibraltar se merece más verdad y menos mentiras, porque a primeros de junio no hay nada de lo dicho en enero, ni en los presupuestos, ni en la realidad. ¡Soluciones, no palabras, queremos los campogibraltareños! De las palabras ya estamos hartos y, además se las lleva el viento.
