IAM/RF Cuando se predica sobre las dimensiones de la enseñanza privada en España se viene utilizando el dato de número de centros, que podría ser un indicador si los centros públicos y privados fuesen homologables en cuanto a dimensiones.
Acercarse a la realidad de los centros educativos permite concluir que difícilmente es posible tener una idea, siquiera somera, del peso que la enseñanza privada tiene con respecto a la educación pública, ya que suelen ser centros de varias líneas -varios cursos de 3 años, de 4…de bachillerato etc…-, mientras que un notable número de centros públicos tienen una sola línea y un sector de ellos incluso incompleta al ubicarse en zonas rurales. Pero, abundando más, la mayoría de los centros privados son centros que escolarizan alumnado de infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachilleratos y FP, mientras que los públicos, en su mayoría, solo escolarizan alunado de solo dos etapas: infantil y primaria o secundaria bachilleratos y FP.Por ello el principal indicador, del enorme volumen que tiene la enseñanza privada en este país, debe referirse al número de profesores que trabajan en ambas redes.
Mientras que en la enseñanza pública hay algo más de 450.000, en la enseñanza privada se acerca a los 230 mil, ya que a los casi 200 mil docentes de la privada también hay que añadir casi 30.000 contratados a dedo por la Iglesia católica para impartir religión en los centros. Ninguno de ellos, todos estables, ha tenido que hacer oposiciones y son pagados con dineros públicos. Viene a cuento preguntarse ¿Por qué a los interinos docentes se les somete a exámenes continuos? Este dato despeja la duda sobre si el porcentaje de la enseñanza privada en el sistema educativo español es mayor o menor del 20% ya que en número de profesores que trabajan en ella se sitúa en el 51,1%, más de la mitad de todo el profesorado que trabaja en la pública.
Si a ello se le suma el número de personal de empresas privadas que prestan servicios privatizados complementarios, aulas matinales, actividades complementarias, monitorización de alumnado, comedores escolares, transportes escolares, cuyo número supera al personal no docente de centros públicos, el porcentaje de trabajadores en la enseñanza privada representa casi el 35% del total de trabajadores que se dedican a la enseñanza en este país. Siendo así 8 de cada 10 de estos trabajadores de empresas privadas están pagados con dineros públicos y su contratación es a “dedo”. Hace ya varios años se pasó el “Rubicón” y ello debe preocupar a la ciudadanía porque un servicio público esencial, como es el educativo, se viene privatizando a marchas forzadas y pocas alarmas se han disparado. La Educación del Pueblo no puede estar en manos privadas, ya que, al menos en teoría, forma parte esencial de un esquema democrático que garantiza la igualdad de oportunidades. Privatizarla supone mercantilizarla haciéndola mucho más cara, por el beneficio empresarial consecuente, y seguiría legitimando y perpetuando las desigualdades sociales. Fdo Rafael Fenoy Rico
