Termina el año 2023 con la política exterior española esquivando charcos en medio de dos guerras y una crisis diplomática con Israel, y con el final de la presidencia española de la Unión Europea.
Quizá el arranque del próximo 2024 sea una ocasión para llamar la atención de la ciudadanía con una lista de algunos (no los únicos, por supuesto) inquietantes puntos de interés, en España y fuera de ella.
El primer punto de la lista española es político: la cosa pública trata de la necesidad de convivir y organizarse, pero desde hace varios años no existe discurso público con el menor rastro de intentar persuadir. El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, promovido por el PP, sigue igual, después de cinco años, aunque implique el deterioro del gobierno de los jueces.
El segundo punto de la lista española son las medidas de gracia para el “procés” mediante una ley de amnistía, asumida por el PSOE para lograr la investidura de Pedro Sánchez. Pero también para mejorar la convivencia en nuestro país, como ocurrió con la amnistía de la Transición, que incluía delitos más graves y, no olvidemos, que salió del mismo Parlamento que hizo la Constitución.
Toda la Transición fue hacer de la necesidad virtud. Ahora se intenta hacer lo mismo. La amnistía también es una operación política para que la alternancia en España no dependa de un partido como Vox y, por supuesto, para pacificar Cataluña. Ya es hora que partidos que estaban en el monte entren en la vía constitucional. Hay que dejar muy claro que la soberanía nacional reside en el pueblo y el Parlamento representa al pueblo.
Esta lista incluye puntos de interés fuera de España como el conflicto entre Rusia y Ucrania. España como miembro de la OTAN, no es neutral en ningún conflicto que se plantee en Europa. El caso de Ucrania es un ejemplo típico de errores acumulados por Rusia, pero también de los expertos europeos faltos de conocimientos básicos de Historia que posibilitaron el acercamiento de Ucrania a la Alianza Atlántica. Sea como sea, lo hecho, hecho está y ahora lo esencial es desescalar el conflicto tan rápido como sea posible. Porque a medida que se alarga la guerra, el desanimo crece entre la población de Ucrania y Europa. Y en Ucrania la demografía ha decrecido un 38% desde 1991.
Tampoco se puede dejar de fuera de la lista el conflicto entre Israel y Palestina. Una guerra sin ley y sin información. Las acciones de Hamas del 7 de octubre deben ser condenadas, sin paliativos, por el asesinato de más de 1.200 civiles, pero es que además suscita muchas preguntas que no tienen fácil respuesta. También debemos expresar nuestra solidaridad con el pueblo palestino y todas las víctimas civiles en Gaza y Cisjordania. Israel tendrá derecho a defenderse, pero ajustándose al derecho internacional humanitario que no cumple. El Ejercito israelí causó, solo en el primer mes de guerra, el mismo número muertos en Gaza de los que la ONU confirmó en Ucrania durante el primer año de guerra: más de 10.000; el 62% mujeres y niños. Este conflicto roza el colapso humanitario y necesita un alto el fuego urgente, para acabar ya con esa espiral de violencia.
Todos estos agujeros, que se nos abren o ya están abiertos, necesitan políticos o personalidades jurídicas, económicas o filosóficas capaces de aliviar tensiones y conflictos, y recordar a los ciudadanos que el juicio moral no depende de ninguna preparación técnica, sino que es una facultad esencial del ser humano. Como decía Hannah Arendt, pensar no es una prerrogativa de unos pocos, pero nuestras decisiones sobre el bien y el mal dependen de las personas cuya compañía se elige -vivas, muertas, reales o de ficción-, y el mayor riesgo es que alguien diga que cualquier compañía le va bien, porque esa indiferencia constituye un gran peligro moral.
Para terminar, no podemos dejar de lado la permanente crisis de los migrantes o refugiados. La definición de refugiado es restrictiva y deja fuera a personas que huyen de la violencia, de las guerras o de la violación sistemática de los derechos humanos y que, sin embargo, no podrían probar que son perseguidas o que podrían serlo por “motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o por sus opiniones políticas”, tal y como establece el Art. 1 de la Convención de Ginebra.
La situación de estas personas es especialmente dramática dado que no reciben la protección del estatuto de refugiado, pero tampoco pueden acogerse a la condición de “migrantes económicos”. Estamos olvidando que cuando no existe ley alguna para una persona o grupo de personas, esta se convierte en superflua. Lo que hicieron los nazis, en la República de Weimar, ¿debe ser hoy Weimar con sus populismos desatados, nuestra referencia histórica?
