510.201,74 euros costeada por tres partes: la Diputación, a través de la Agencia Provincial de la Energía, es la que más aporta, 202.933,65; la Agencia Andaluza de la Energía 178.570,61; y los propios consistorios un total de 128.697,48. La presidenta ha estado acompañada por el diputado de Desarrollo Sostenible y vicepresidente de la Agencia Provincial de la Energía, Javier Pizarro.
Estas medidas se enmarcan en el cambio de modelo para la movilidad que se plantea a nivel europeo y que en el caso de España significará la prohibición de la venta de vehículos movidos por combustibles fósiles a partir de 2040. Esta medida se incluye dentro del Plan de Movilidad Sostenible de la provincia de Cádiz para 2019 de la Diputación y el programa para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía. Permite modernizar los equipamientos con recursos con los que en algunos casos no cuentan ni siquiera municipios de mayor población y capacidad, según ha afirmado la presidenta de la Diputación, Irene García.
La presidenta también ha destacado el carácter novedoso de esta iniciativa y ha recordado que la Diputación está siendo pionera y liderado varios programas de calado en materia de eficiencia energética y desarrollo sostenible, que cuentan con importantes partidas en el presupuesto para el año que comienza en la Institución Provincial. García ha reseñado que con este plan se trata de asistir a municipios más pequeños con menos oportunidades para desarrollar iniciativas como ésta, para que tengan el apoyo económico de la Diputación. Además ha destacado el ahorro y la modernización que representan medidas de este tipo y ha anunciado que va a convocar en próximas fechas un Consejo de Alcaldías para planificar las diferentes ayudas y planes de todo tipo que desde la Diputación se van a ofrecer a los ayuntamientos.
Los 18 ayuntamientos que contarán con nuevos coches (según ellos mismos han elegido) son Zahara de la Sierra, Villamartín, Villaluenga del Rosario, Tarifa, Paterna, Espera, El Gastor, Chipiona, Bornos, Benalup- Casas Viejas y Algodonales. Y los que contarán con una o dos nuevas motos son Olvera, Jimena, Grazalema, Alcalá de los Gazules, Trebujena, San Roque y Vejer. Cada municipio decidirá el uso que le designa a cada uno de estos vehículos, incluyendo un uso policial si así lo estiman apropiado.
Este tipo de unidades permiten ahorros en gastos de combustible, mantenimientos y emisiones de CO2. Por ejemplo, tomando una media de uso de 50 kilómetros al día, el consumo en electricidad es casi cinco veces menor que el de un diésel y representa sólo una séptima parte de lo que consumiría un vehículo propulsado por gasolina. En mantenimientos, al año, el gasto que representa es cinco veces menor. Y en cuanto a impacto ambiental, cada coche diésel que se sustituye por uno eléctrico deja de emitir 1.663,2 kilos de C02, y en el caso de uno de gasolina 1.881,6 kilos.
La firma de estos convenios es el paso previo a que los ayuntamientos puedan iniciar el proceso de licitación pública para su compra.
