IAM/Redaccion
La Coordinadora Comarcal Alternativas colaborará con la Junta de Andalucía en la aplicación de medidas judiciales de régimen abierto acordadas por los jueces de menores sobre aquellos que hayan cometido alguna infracción.Estas medidas son prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas y actividades reparadoras a favor de la sociedad.El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Fernando López Gil, y el presidente de Alternativas, Francisco Mena, han firmado hoy el convenio que compromete a ambas partes en esta iniciativa. En la firma han estado acompañados por el subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Angel Gavino.Con este tipo de acuerdos se contribuye a la labor educativa del joven, que se produce además en el propio entorno territorial y social donde comparte valores, gustos y tendencias, y en el que habitan él y su familia.La Prestación de servicio en Beneficio de la Comunidad (PBC) es una de las medidas judiciales, de las denominadas de medio abierto, que se pueden imponer a los menores infractores e infractoras. Tiene carácter voluntario y se traduce en acciones siempre relacionadas con el interés social o el beneficio de personas en situación de precariedad. Estas actividades no son retribuidas y, además, bajo ninguna condición podrán atentar a la dignidad del menor, comportando además un contenido educativo orientado a su desarrollo integral.La Tarea Socioeducativa (TSE) incluye la realización de alguna actividad de contenido educativo, orientada igualmente al desarrollo del menor. Por su parte, las Reparaciones en favor de la Sociedad (RS) derivan del proceso de conciliación y reparación, y se traducen, por lo general, en actividades análogas o similares a las Prestaciones en Beneficio de la Comunidad (PBC).
CapiLa colaboración que presta a través de este convenio la Coordinadora Comarcal Alternativas consiste en la ejecución de la medida judicial impuesta al menor, quien colaborará en las actividades sociales de la asociación así como en su participación en la programación de los dos Centros de Acceso Público a Internet (Capi) que gestiona esta entidad en San Roque y en Algeciras.El conjunto de medidas de carácter socio educativo contempladas en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores tienen por finalidad que el menor comprenda, durante su cumplimiento, que la comunidad o determinadas personas han sufrido de forma injustificada unas consecuencias negativas derivadas de su conducta. Se pretende que el joven asuma que actuó de modo incorrecto, que merece el reproche formal de la sociedad y que las medidas judiciales que se le exigen constituyen un acto de reparación justo.La colaboración que se presta a través de este convenio permite que la intervención que se hace con estos menores se reoriente hacia una toma de conciencia del mal que su acto ha provocado, de la necesidad de reparar el daño y de la obligación de respetar los valores de la comunidad.
