IAM/EP Un total de 36 personas han sido detenidas en una operación de la Policía Nacional en la que se ha desarticulado una supuesta organización criminal que explotaba a unas 400 mujeres en seis macroprostíbulos situados en distintas provincias andaluzas.
Se han inmovilizado por orden judicial 57 inmuebles, 56 vehículos, una embarcación y otros bienes valorados en más de 14 millones de euros, según señala un comunicado de la Policía Nacional, que añade que las ganancias obtenidas anualmente en cada uno de los clubes eran de 1.250.000 euros, aproximadamente.
Los prostíbulos, situados en Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva, contaban con cajeros automáticos vinculados a las empresas mercantiles del propio entramado societario de la organización, lo que facilitaba a los clientes el acceso rápido a dinero en efectivo y al comercio sexual
También disponían de dispositivos de telepago para cobrar los servicios sexuales, todo lo cual generaba unos beneficios añadidos, derivados de las comisiones que los clientes debían abonar por utilizarlos. Otro de los servicios que ofertaban los clubes era que a los clientes que lo solicitaran se les facilitaban sustancias estupefacientes.
Las investigaciones comenzaron hace unos tres años, con la detección de una operación sospechosa de compraventa de una parcela en Córdoba, cuyo importe –unos 3,5 millones de euros– se comprobó posteriormente que había sido abonado, mediante imposiciones en efectivo, con dinero procedente de actividades ilícitas cometidas en un club de alterne ubicado en dicha parcela.
Las pesquisas de la Policía permitieron averiguar que el club había sido adquirido por una presunta organización criminal, que, además, era propietaria de otros cuatro locales de similares características en las provincias de Sevilla, Córdoba y Cádiz. Además, en el transcurso de las investigaciones, la red abrió un club más en la localidad de Ayamonte (Huelva), considerado de gran interés estratégico, ya que permitía atraer clientela procedente de Portugal.
COMPLEJO ENTRAMADO SOCIETARIO
En torno a los prostíbulos, esta organización supuestamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral había dispuesto todo un entramado societario y de personas interpuestas a modo de testaferros para tratar de enmascarar la auténtica procedencia de los beneficios obtenidos.
Las investigaciones llevaron a la Policía a la conclusión de que cada club operaba a través de, al menos, tres sociedades controladas por la propia organización: una era la titular del inmueble, otra explotaba la actividad económica y la tercera gestionaba los pagos realizados con tarjeta. De este modo aparentaban movimientos de dinero entre las distintas sociedades que les permitían justificar entradas ilícitas de capital de forma aparentemente legal.
Dadas las características y la forma de actuación de la organización, los investigadores pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que se encargó de dirigir la investigación a partir de ese momento.
Con toda la información recabada se montó el correspondiente dispositivo policial, coordinado por la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
También han participado la Brigada de Inteligencia Financiera y la Unidad Adscrita a la Fiscalía Anticorrupción de la Comisaría General de Policía Judicial, las UCRIF de Pamplona, Sevilla, Córdoba, Huelva, Algeciras y La Línea de la Concepción, la Unidad de Intervención Policial y Guías Caninos de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, las Unidades de Prevención y Reacción de Huelva, Córdoba y Algeciras, la Comisaría Local del Puerto de Santa María (Cádiz), Guías Caninos de Algeciras y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.
DETENCIONES EN SEIS PROVINCIAS
De forma coordinada y simultánea se realizaron 17 registros. Nueve de ellos en distintos domicilios ubicados en las provincias de Sevilla, Córdoba y Cádiz y otros siete en las sedes sociales de diferentes empresas, entre ellas los clubes de alterne investigados, además de un apartado de correos.
La operación se ha saldado con la detención de 36 personas en Sevilla (diez), Huelva (cinco), Córdoba (cuatro), Madrid (tres), Pamplona y las localidades gaditanas de El Puerto de Santa María (doce) y Algeciras –en su mayoría de nacionalidad española– y la imputación de 27 personas jurídicas.
Además, se han intervenido cajeros automáticos y dispositivos de telepago ubicados en los clubes, nueve vehículos de alta gama, diversas joyas y relojes de lujo, unos 250.000 euros en efectivo, un revólver y munición para el mismo, así como abundante documentación relativa a las actividades ilícitas de la organización (libros contables de los clubes y sus mercantiles, anotaciones manuscritas de los «pases» de las chicas, libros de viajeros en los que se observa que sólo se hospedan mujeres y numerosos documentos contables y económicos).
Aparte de la inmovilización de bienes valorados en unos 14 millones de euros, se han bloqueado más de trescientas imposiciones bancarias y se han clausurado seis clubes de alterne.
MULTABAN A LAS MUJERES
Las mujeres explotadas en los clubes eran obligadas a abonar un porcentaje por cada servicio sexual prestado. Además, debían firmar una especie de «contrato» que las comprometía a cumplir una serie de normas impuestas también por la organización y que conllevaban una serie de sanciones (multas) en caso de incumplimiento. Por ejemplo, debían abonar 50 euros por descansar sin permiso o entre 150 y 200 euros por abandonar el club sin autorización previa.
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha señalado que «la trata de seres humanos se ha convertido en uno de los fenómenos criminales sobre los que la Policía Nacional se ha propuesto desarrollar un mayor esfuerzo preventivo y operativo para atajar esta lacra».
El Plan Estratégico para el 2013-2016 configura como uno de los objetivos el fortalecimiento de la investigación de redes organizadas dedicadas a este tipo de delitos y la protección e asistencia a las víctimas.
Para ello, la Dirección General de la Policía está diseñando un Plan Integral que contemplará nuevas herramientas para luchar contra estas redes criminales, cuya investigación exige una constante actualización en los métodos de prevención, formación, operatividad policial, organización interna y cooperación internacional
