ESPAÑA-MADRID
MADRID, 14 MAR (IAM/EP)
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para impedir que el juez Javier Gómez Bermúdez continúe investigando la supuesta contabilidad B del PP y cite a declarar a los empresarios que, según los papeles atribuidos al extesorero ‘popular’ Luis Bárcenas, habrían hecho donaciones irregulares a esta formación. En un recurso presentado este jueves, el Ministerio Público defiende la necesidad de «dejar sin efecto la práctica de las diligencias» acordadas por el juez instructor, al considerar que son «innecesarias y desproporcionadas» y no resultan pertinentes «para cumplir y satisfacer la finalidad perseguida». Gómez Bermúdez admitió a trámite el pasado lunes una querella presentada por Izquierda Unida (IU) y otros cuatro colectivos sociales con el criterio en contra de la Fiscalía Anticorrupción, que le informó de que el competente para asumir esta investigación era el juez instructor del ‘caso Gürtel’, Pablo Ruz, que había abierto una pieza separada tras encontrar tres conexiones entre las dos causas.»DOBLE INSTRUCCIÓN» En su escrito, el Ministerio Público recuerda que ya se pronunció el pasado 8 de marzo en el sentido de que Ruz es el competente para investigar estos hechos y pide a Gómez Bermúdez que se pronuncie sobre su inhibición antes de realizar diligencias, a fin de evitar una «doble instrucción sobre los hechos». «Consideramos innecesarias y también desproporcionadas las diligencias que se acuerdan por el instructor antes de resolver sobre su competencia, máxime cuando partimos de un hecho plenamente constatado por el instructor, cual es el parecer ya manifestado por los querellantes (…) de considerar competente al Juzgado Central de Instrucción número 5», señala el escrito. En concreto, la Fiscalía pide que se «dejen sin efecto» las declaraciones de los 12 imputados que Gómez Bermúdez ordenó realizar entre los días 25 y 27 de este mes y la entrega de documentación sobre todos ellos que el juez pidió al Partido Popular (PP), la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, el Registro Público de Contratos, el Tribunal de Cuentas y el diario ‘El País’, al que reclamó los denominados ‘papeles de Bárcenas’ que publicó el pasado 31 de enero.»INTERPRETACIÓN DEL INSTRUCTOR» La Fiscalía también cuestiona por qué Gómez Bermúdez dio «credibilidad, al menos indiciariamente» a los hechos expuestos en la querella en lo relativo a «supuestos pagos de empresas y empresarios» y consideraba que existía «un enlace excesivamente débil, difuso o especulativo» sobre los sobresueldos que habrían cobrado dirigentes del PP. «Si revisamos tanto la querella como la documentación con ella aportada, comprobamos que la fuente de unos hechos y otros son las anotaciones que se reflejan en los denominados ‘papeles de Bárcenas’, de suerte que la diferencia no está en elemento objetivo alguno ajeno a los mismos ni en el relato de hechos que se contiene en la querella, sino en la interpretación a nuestro entender no justificada del instructor», señala el fiscal. Esta convicción llevó a Gómez Bermúdez a citar como imputados a los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta; al presunto número 2 de la trama Gürtel, Pablo Crespo; y a los empresarios José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), Manuel Contreras Caro (Azvy) Juan Manuel Villar Mir (OHL), Luis de Rivero (Sacyr Vallehermoso), Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica), Juan Manuel Fernández (Aldesa), José Mayor Oreja (Fomento de Construcciones y Contratas), Antonio Vilella (Construcciones Rubau) y Adolfo Sánchez. Sin embargo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 dejó fuera de la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y a los exministros Ángel Acebes y Federico Trillo.PENDIENTES DE LA INHIBICIÓN El informe fiscal, que no va firmado por ningún representante del Ministerio Público, también muestra su sorpresa por el hecho de que Gómez Bermúdez alegara que, antes de pronunciarse sobre su inhibición, era necesario escuchar a los querellantes y darles traslado de los dos autos en los que Ruz consideraba que la Fiscalía era competente para investigar los hechos en el marco de las diligencias informativas que abrió el pasado 24 de enero. «Nos sorprende, bajo el argumento que se establece, pues en modo alguno han sido alegados ni tenidos en cuenta por el Ministerio Fiscal para instar la inhibición», recalca la acusación pública antes de recordar que el 8 de marzo ya entregó al juez el auto por el que Ruz abría una pieza separada para investigar la supuesta contabilidad B del PP. «Con la entrega del citado auto a la parte querellante ya dispone de los mismos documentos que ha tenido el Ministerio Fiscal para emitir su informe», añade. A todos los querellados se les atribuyen los delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales y asociación ilícita.
