En respuesta a las «descalificaciones» y «exabruptos» de Susana Díaz
Rafael Salas afirma que algunos de esos colegios «hacen más por la formación de la mujer rural que el IAM»
SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) –
El parlamentario autonómico del Grupo Popular Rafael Salas ha defendido este sábado la labor y el servicio «de primera magnitud» que, a su juicio, realizan los colegios que separan a los alumnos por sexo, y ha criticado el «total y absoluto desconocimiento» al respecto por parte de la Junta de Andalucía, a la que ha culpado de «crear un problema donde nunca lo ha habido» al situar a estos centros «en el ojo del huracán».
Salas se ha pronunciado así, en declaraciones a Europa Press, en respuesta a la consejera de la Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que este viernes pidió a «quien quiera ir a un colegio segregado, que se lo pague», y defendió la «educación pública y de calidad» frente a «los intereses de determinados sectores privados, que, legítimamente, quieren hacer negocio, pero que no responden a la igualdad y a esa coeducación» que, en su opinión, defiende la Junta.
Para el parlamentario ‘popular’, es «una desvergüenza» afirmar que «esos centros pretenden hacer negocio», y dicha aseveración denota un «total y absoluto desconocimiento», por parte de la consejera de la Presidencia, de la labor «social y educativa» de estos colegios, que «funcionan muy bien en barrios obreros y zonas rurales», donde prestan «un servicio muy importante a las mujeres», mejor incluso, según Salas, «al que prestan muchas de las acciones formativas desarrolladas por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)».
Además, ha defendido a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y a su homólogo en Andalucía, José Chamizo, que han defendido la libre elección de modelo educativo, ya que, a su juicio, lo que han hecho ambas autoridades es «dar una opinión que representantes de muchos padres les habían solicitado», y han dado una respuesta «lógica», que pasa, según el representante ‘popular’, por «apostar por el diálogo y rechazar la imposición», así como por «respetar otras opciones educativas que funcionan muy bien y dan buenos resultados».
Por eso, Salas ha criticado las palabras pronunciadas este viernes por la titular andaluza de Presidencia, que, en su opinión, reflejan, además de «desconocimiento y soberbia», un «desprecio a miles de alumnos y padres», y están cargadas de «descalificaciones y exabruptos», como, por otra parte, es «propio del régimen andaluz», según este parlamentario.
Esta polémica entre la Junta y el PP-A se produce coincidiendo con la presentación, este viernes y por parte de los representantes legales de cinco de los centros de educación diferenciada por sexo existentes en Andalucía –Ángela Guerrero, Albaydar, Altair, Nuestra Señora de Lourdes y Ribamar, todos ellos de Sevilla– de un recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con una petición de medidas cautelares, en orden a paralizar la orden de la Consejería de Educación de la Junta que retira el convenio con diez de estos colegios en la región en base a resoluciones judiciales que rechazan sufragar con fondos públicos este modelo pedagógico.
