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La portavoz ‘popular’ en la materia, Ana Madrazo, ha argumentado que «los primeros interesados en que los grandes grupos multinacionales paguen sus impuestos con justicia y equidad» son el PP y el Gobierno, que «ya está trabajando intensamente en ello». «No compartimos ni la necesidad ni la oportunidad de elaborar un plan de acción porque esta estrategia ya la están implementando la Agencia Tributaria y el propio Ministerio de Hacienda con mucha intensidad», ha apostillado. Además, ha reprochado al principal partido de la oposición que «se preocupe ahora del desplome que ha sufrido la recaudación del Impuesto de Sociedades cuando no hicieron nada mientras estaban en el Ejecutivo», frente a un Gobierno ‘popular’ que «sí se ha preocupado de cambiar la normativa de Sociedades para introducir normas antiabuso en materia de precios de transferencia y operaciones vinculadas entre empresas del mismo grupo». «Lecciones del PSOE en materia de justicia tributaria, las justas, porque hay que predicar y dar trigo si quieren ustedes tener un mínimo de credibilidad», ha espetado a los socialistas, añadiendo que «la lucha contra el fraude fiscal internacional se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de todas las organizaciones internacionales» además de ser un «objetivo prioritario» de la Agencia Tributaria.PLAN CON OBJETIVOS, PRIORIDADES Y CAMBIOS LEGISLATIVOS Sin embargo, su homólogo socialista, Pedro Saura, cree que la Oficina Nacional de la Fiscalidad Internacional (ONFI) no será «suficiente» para atajar este problema tanto por sus «problemas de coordinación y funcionales» como por la escasez de medios. Además, ha defendido la necesidad de contar con «objetivos concretos, prioridades claras y cambios regulatorios» para luchar contra el fraude internacional. Asimismo, ha reclamado que anualmente se remitan al Congreso indicadores «medibles» de la eficacia de las medidas en esta materia que aprueba el Ejecutivo porque el primer paso para tener éxito en esta materia pasa por contar con «un plan con objetivos medibles y evaluables». El diputado murciano ha resumido las propuestas recogidas en su iniciativa, que comienzan por calcular la brecha tributaria, diferenciando «qué parte es consecuencia de las prácticas agresivas de las multinacionales españolas y extranjeras». Además, cree que habría que modificar el régimen de operaciones vinculadas y de las normas de localización de las operaciones, establecer cláusulas anti-fraude en los convenios de doble imposición, y hacer públicos los incumplimientos de las multinacionales, ofreciendo «reconocimiento público» a las compañías que abran sus cuentas a la Agencia Tributaria frente a la negación de ayudas, subvenciones o contratos públicos a las que «mantengan relaciones comerciales y societarias con paraísos fiscales o países con riesgo fiscal». Por último, el diputado murciano sugiere gravar todas las transacciones con regiones en riesgo, que los informes de auditoría comuniquen a Hacienda las operaciones dudosas, y dar cuenta en el Congreso de los resultados en España «comparados con el resto de países» en relación con los resultados de la lucha contra el fraude. Para la redacción de este plan, Saura propone que se puedan celebrar las comparecencias que los grupos políticos estimen convenientes, entre ellas las de los responsables de la Comisión Europea en materia fiscal, eurodiputados, directivos de multinacionales en España, técnicos de Hacienda, profesores universitarios y profesionales relacionados con el sistema impositivo español, entre otros. Además, reclama la presencia del fiscal francés Éric de Montgolfier, responsable de la información fiscal suministrada por el exinformático italofrancés Hervé Falciani, que obtuvo durante su tiempo de trabajo en el banco suizo HSBC y que permitiría «perseguir el fraude fiscal en varios países».
