La Comisión ha recibido este martes la queja formal de Gibraltar por las largas esperas en la frontera

La Comisión Europea ha propuesto a las autoridades españolas la organización de una «misión técnica» para observar «sobre el terreno» los controles fronterizos en el paso a Gibraltar, y aclarar la polémica por los retrasos «supuestamente excesivos» denunciados por el Gobierno del Peñón, han informado a Europa Press fuentes comunitarias.

Esta propuesta se produce un día después de que Bruselas revelara su intención de mediar en las tensiones entre Gibraltar y España, con una reunión, también de carácter «técnico», con autoridades españolas entre los meses de septiembre y octubre. Se trata de dos iniciativas de la Comisión sobre las que no ha aclarado si ha habido ya alguna respuesta de la parte española.

El Ejecutivo comunitario explicó entonces que actuaba por las quejas de ciudadanos y de varios eurodiputados cursadas en la pasada primavera, mientras que la protesta formal del Gobierno gibraltareño no ha llegado a los despachos de la UE hasta este martes.

Es probable también que la reunión que propone Bruselas permita examinar la idea planteada por el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, de cobrar una tasa de 50 euros al paso fronterizo. La Comisión ha evitado pronunciarse al respecto hasta ahora porque no tiene «información suficiente» y porque lo considera, de momento, una declaración política, no una propuesta formal.

En las últimas semanas, han llegado quejas «nuevas y más graves» hasta Bruselas, según fuentes familiarizadas con el caso, por lo que la Comisión ha instado a España y a Gibraltar a «permitir el cruce de fronteras sin problemas y de manera eficiente», siempre teniendo en cuenta sus «obligaciones» con el derecho comunitario.

Los servicios del departamento de Interior de la Comisión Europea son los encargados de este caso y quienes desde primavera han mantenido contactos con el Gobierno de Mariano Rajoy a cuenta de los controles fronterizos.

A la preocupación de Bruselas por las quejas recibidas hace meses, Madrid respondió que los controles son «proporcionados» y que los retrasos son «puntuales» y, «en ningún caso suponen un obstáculo a la libre circulación». El Gobierno ha defendido en sus conversaciones con el Ejecutivo comunitario que las autoridades españolas actúan «de acuerdo al principio de proporcionalidad y eficiencia».

Gibraltar no forma parte del espacio europeo sin fronteras ni de la unión aduanera, por lo que España tiene «derecho» a realizar controles fronterizos a las personas y mercancías, siempre que sean «proporcionados» y en línea con la legislación comunitaria, según declara la Comisión al respecto.

En cuanto al derecho de libertad de movimiento que asiste a los ciudadanos europeos, Bruselas explica que las autoridades nacionales pueden pedir un carné de identidad o pasaporte a la persona para establecer si es ciudadano de la UE. Por ello, los controles «no pueden ser considerados como resultado de una estricción» si cumplen con la legislación aduanera.

El código Shengen establece que la inspección mínima para identificar a un ciudadano de la UE «consistirá en la comprobación simple y rápida» de la documentación de viaje, utilizando dispositivos técnicos.