La denuncia, que formula el presidente de la asociación, José Torné Dombidau Jiménez, como acusación popular y a la que ha tenido acceso Europa Press, se dirige contra Picardo y el resto de miembros actuales del Gobierno de Gibraltar a los que considera responsables de un presunto delito ecológico tipificado en el artículo 325 del Código Penal, que prevé penas de dos a cinco años de prisión.

   Entre otras diligencias, los querellantes solicitan al juzgado de guardia linense que curse órdenes a la Interpol para la detención de los diez querellados al objeto de que se les tome declaración, tras lo que podrán ser dejados en libertad bajo fianza de 50.000 euros cada uno a fin de hacer frente a las responsabilidades civiles y penales a que deban hacer frente.

   Además quieren que el juzgado pida al Servicio Marítimo de la Guardia Civil un informe sobre el vertido de bloques de hormigón el pasado 24 de julio en aguas de la Bahía de Algeciras; al Instituto Geográfico Nacional que señale el «punto exacto» del vertido; al Instituto Español Oceanográfico que «valore y calibre el impacto ambiental de los vertidos», llegando a «contabilizar los bloques de hormigón vertidos y haciendo una estimación de su peso».

   Otras diligencias reclamadas en la querella persiguen que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía aclaren si hubo «solicitud por parte de las autoridades locales de Gibraltar» previa al lanzamiento de los bloques de hormigón, así como la toma de declaración a pescadores y miembros del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que presenciasen los hechos.