La formación Los verdes Europa-Tarifa reclama aclaraciones sobre las garantías ambientales del proyecto y denuncia que la Administración exija a asociaciones y vecinos pruebas técnicas que, a su juicio, corresponde comprobar a los propios organismos públicos. Defiende la continuidad de la actividad conservera y sus puestos de trabajo, pero en un emplazamiento industrial adecuado y con todas las garantías ambientales.

Los Verdes de Europa-Tarifa han anunciado la presentación de una impugnación contra la respuesta de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, fechada el 4 de noviembre, sobre el proyecto de traslado y ampliación de Industrial Conservera de Tarifa desde La Chanca hasta El Brocón.

La organización considera que la Administración vuelve a trasladar a la ciudadanía la responsabilidad de aportar pruebas técnicas concluyentes sobre los posibles efectos ambientales de la actuación, sin explicar suficientemente qué comprobaciones ha realizado para descartar los riesgos planteados.

El conflicto se centra en las garantías ambientales del proyecto, que aparece vinculado en la documentación urbanística a los planes de transformación del frente litoral promovidos por Granparcela. Los Verdes reclaman que se examine toda la documentación necesaria, se revisen las desestimaciones comunicadas por la Junta y se responda a las cuestiones planteadas por la organización.

Dos administraciones y criterios ambientales diferentes

Uno de los principales puntos de discrepancia es el procedimiento ambiental que debe aplicarse al proyecto. Según Los Verdes, un informe municipal de 3 de abril de 2025 consideraba necesaria una autorización ambiental unificada simplificada, mientras que la Junta sostiene que corresponde una calificación ambiental municipal.

La diferencia no es menor, ya que ambos procedimientos implican distintas competencias administrativas y mecanismos de evaluación y control. La formación reclama que se justifique técnicamente cuál resulta aplicable en función de las características y los posibles efectos del proyecto.

También solicita que se aclare qué régimen legislativo corresponde al expediente tras la entrada en vigor de la Ley 2/2026 y qué procedimiento ambiental se inició, así como la fecha que justificaría la aplicación de la normativa anterior.

La protección de Red Natura 2000, en el centro de la controversia

Los Verdes consideran que la proximidad de espacios protegidos obliga a examinar los posibles efectos ambientales antes de adoptar decisiones sobre la actuación. En este sentido, recuerdan la jurisprudencia europea sobre Red Natura 2000, que establece la necesidad de una evaluación adecuada cuando no pueda descartarse, sobre datos objetivos, una afección apreciable.

La portavoz de la organización, Rosmarie Hennecke, critica que sean las asociaciones y los vecinos quienes tengan que asumir el coste de investigaciones especializadas para obtener respuestas de la Administración.

«Defender el medio ambiente no puede depender de cuánto dinero tenga una asociación para contratar especialistas», sostiene.

La formación aclara que no reclama la paralización automática de cualquier actuación próxima a espacios protegidos, sino que se comprueben sus posibles efectos y se expliquen los datos técnicos que permiten descartar riesgos.

El empleo y la actividad conservera, también sobre la mesa

Los Verdes de Europa defienden la continuidad de la actividad industrial conservera y de sus puestos de trabajo, pero consideran que debe garantizarse en un emplazamiento industrial adecuado y con todas las garantías ambientales.

La organización también reclama transparencia sobre la relación entre el traslado de la fábrica y los proyectos de transformación del frente litoral. En este sentido, recuerda que un borrador de convenio con Granparcela vinculaba el desarrollo de esa zona con el traslado de La Tarifeña. Aunque el Ayuntamiento archivó su tramitación en septiembre de 2024, Los Verdes consideran necesario comprobar si siguen existiendo relaciones funcionales o posibles efectos acumulados entre las actuaciones.

Otro de los aspectos señalados es la financiación europea prevista en la memoria del proyecto, que contempla una ayuda del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) del 50%, vinculando el resto de la financiación a la venta de los terrenos de la fábrica actual. La formación advierte de que esta previsión no acredita el importe finalmente concedido o abonado, pero reclama conocer las condiciones y los controles ambientales asociados.

Los Verdes anuncian que trasladarán la nueva respuesta de la Junta y su impugnación a la Comisión Europea, dentro del expediente CPLT(2026)03547, y solicitarán la revisión de las condiciones de financiación ante los responsables comunitarios.

La organización concluye reclamando coordinación entre el Ayuntamiento y la Junta, acceso efectivo a la documentación y decisiones sustentadas en comprobaciones verificables. Su posición es que la defensa del empleo y la protección ambiental no deben plantearse como objetivos incompatibles, sino como condiciones que deben garantizarse conjuntamente.