A través de un comunicado, detallan que este lunes se reunieron seis de los siete miembros de la Ejecutiva Provincial en la sede de UGT Cádiz para analizar y evaluar la situación actual en la que se encuentra la organización «derivada, entre otras cosas, por lo acontecido el pasado día 9 de octubre».

   Explican que en la reunión de la Ejecutiva que tuvo lugar el pasado 15 de octubre el secretario general de esta provincia, Salvador Mera, puso a disposición de la misma su cargo, «siendo aceptada por unanimidad,  entendiendo que era la mejor opción tanto para su ámbito personal como para el bien de la organización».

   Desde ese momento, exponen que la Ejecutiva ha seguido trabajando «con el mayor respeto a los estatutos, dentro de la normalidad y con el objetivo de cubrir la vacante de acuerdo con la normativa interna de esta organización»; pero analizando todo lo acontecido desde la fecha hasta hoy, la ejecutiva expone, en primer lugar, que «el problema que ha suscitado esta situación no corresponde a la gestión llevada a cabo desde UGT Cádiz».

   Así, explican que los órganos estatutarios de la UGT son el congreso, el comité, ejecutiva y, como órgano consultivo, el consejo, pero que sin embargo, han tenido conocimiento que durante estas semanas se han llevado a cabo diversas reuniones de federaciones, con sus secretarios generales a la cabeza, para decidir el futuro de esta organización «demostrando, con su actuación, la falta de respeto hacia los estatutos y hacia esta ejecutiva».

   Entienden que UGT Andalucía «tendría que reprobar dichas actuaciones y velar por el cumplimiento de los estatutos. Además, inciden en que siendo la situación «derivada de un organismo regional», esta ejecutiva «no se ha sentido respaldada en ningún momento por el organismo superior».

   Además, recalcan que «desde el primer momento» la voluntad de la Ejecutiva ha sido «acelerar al máximo la solución a esta situación, entendiendo que los momentos en los que se encuentra esta provincia no son los ideales para enfocar toda nuestra atención en otros asuntos que son ajenos al verdadero fin de esta organización, que es la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras».

   Aseguran que UGT Cádiz «no se merece la actuación de algunos secretarios generales que anteponen intereses particulares a la problemática de esta provincia».

   Por todo lo anterior y entendiendo que esta situación «no se debe demorar más en el tiempo», los firmantes –Antonio López, María del Carmen Foncubierta, Antonio García, María Elisa de la Rosa Marchante, Olatz Sousa y María del Carmen García– dicen haberse visto obligados a presentar su dimisión «por nuestra responsabilidad a esta organización»