Esta semana el Tribunal de Cuentas ha publicado el Informe de Fiscalización del sector público local del ejercicio 2011. El informe incluye un análisis específico sobre la prestación de los servicios públicos municipales en los ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes, que son la mayoría de los municipios del país, el 95% del total. Un estudio particularizado de cinco de los servicios de prestación obligatoria por parte de todos los municipios -abastecimiento domiciliario de agua potable, alumbrado público, limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos y cementerio- en concreto sobre la forma de gestación de la prestación, su coste y los indicadores de gestión.El contenido del informe podrá ser consultado a partir de los próximos días en la página web del Tribunal (www.tcu.es). Pero según un avance del propio Tribunal “sale más caro un servicio público cuando lo ofrece una empresa privada que cuando lo ofrece el ayuntamiento”. Y da ejemplos concretos como que recoger la basura de una ciudad o un pueblo del tamaño indicado (inferior a 20.000 habitantes), si lo hace el ayuntamiento sale por 42,55 euros por habitante y si lo hace una empresa privada sale por 53,90. Además advierte el Tribunal que ese encarecimiento no implica en absoluto un mejor servicio. Otro ejemplo concreto, cuando el Ayuntamiento gestiona directamente la limpieza hay 36 papeleras y cuando lo hace una concesionaria hay solo seis.Sin embargo, llevamos años escuchando que hay que privatizar la gestión de servicios básicos para ahorrar en el gasto de la Administraciones Públicas. Un mantra repetido hasta la saciedad sin que nadie en el PP o en las entidades que gobiernan, ya sean locales, provinciales o autonómicas, acompañen con cifras para afirmarlo. Con este argumento hemos visto conceder a empresas privadas la limpieza de nuestras calles, la recogida de basura y últimamente hasta hospitales públicos. Pues bien, el único ahorro que parece tener este afán privatizador es en puestos de trabajo. Aunque si podemos hablar de las posibilidades de negocio derivadas de los servicios municipales. Y es normal desde una óptica empresarial y de mercado, ya que el mercado está orientado únicamente hacia la obtención del lucro o la ganancia vía personal o precio.Esta misma semana la Comisión europea recomendaba a España abordar la reforma de las administraciones. Pero reforma y privatización no son sinónimos por más que aquí se empeñen algunos. La Administración tiene que ser eficaz y eficiente, y probablemente la mejor vía para conseguirlo sea respetar y confiar en los profesionales y en una gestión de personal que promocione el trabajo bien hecho, lo que necesita del concurso de unos sindicatos de la función pública modernos y razonables. Pero sobre todo, y por encima de cualquier otra cosa, se necesita que estos servicios no sean gestionados como si fuera un cortijo propiedad del PP.Hay que apostar decididamente por una gestión cien por cien pública de todos los servicios que garantizan necesidades y derechos humanos básicos, sobre todo, en una sociedad tan injusta y desigual como la actual. Y el acceso a esos servicios debe ser universal, incondicional y gratuito, porque la universalidad es condición esencial de todo servicio público. Para ello, cada uno debe contribuir en la medida que le sea posible al rearme ideológico de la ciudadanía, cada vez más movilizada en defensa de aquellos servicios públicos que tanta lucha, esfuerzo y sufrimientos supusieron a las generaciones que nos precedieron. Que esa lucha no haya sido en vano está en nuestras manos.
