IAM/EP Verdemar-Ecologistas en Acción propone una «movilización social» para comprar «entre todos los andaluces, grupos sociales e incluso ayuntamientos» la finca de La Almoraima, ya que consideran que es «asumible» con el precio de salida de 300 millones de euros que ha establecido el Gobierno. Según dicen, se evitaría así que caiga en manos «de un grupo extranjero especulador».
En declaraciones a Europa Press, el portavoz del colectivo ecologista en el Campo de Gibraltar, Antonio Muñoz, ha hecho un llamamiento para que «los andaluces alcen la voz y planten cara al Gobierno» para conservar el uso social de dicha finca, para que siga siendo «patrimonio de todos los andaluces y de todos los españoles».
«Estamos seguros de que se puede conseguir», pues entienden que es «poco dinero» si se compra «entre todos», pues los 300 millones de precio de salida es lo que, según estiman, «vale sólo la zona de la casa convento». Cabe recordar que esta finca pública tiene unas 15.000 hectáreas, la mayoría de ellas ubicadas en el Parque Natural de Los Alcornocales.
Posteriormente, una vez garantizado que sigue siendo patrimonio público, proponen que sea gestionado «por alguna administración», señalando directamente a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento gaditano de Castellar de la Frontera. En este sentido, expresa sus sospechas de que esas administraciones «no se atreven» a gestionar La Almoraima y a liderar la plataforma propuesta para su adquisición, por lo que les reta a «decirlo claro si es así para buscar otra fórmula».
En opinión de Verdemar, crear esta «plataforma común» es la única forma de evitar que La Almoraima «caiga en manos de un grupo extranjero especulador, al que al final le acabarían dando subvenciones y facilidades para que construya en los aledaños, e incluso modifique zonas del Parque Natural de Los Alcornocales que se encuentran dentro de la finca para que sigan invirtiendo en la zona».
Frente a ello, «lo que hace falta es preservar el patrimonio andaluz y de todos los españoles», por lo que vuelve a animar a los andaluces, organizaciones sociales de todo el país y ayuntamientos a «plantarse, alzar la voz y decir: «Esto no lo vendéis»
