Cárdenas (IU) ve al PP «nervioso» ante el «fregado» en el que se ha metido con la venta de La Almoraima

   En declaraciones a Europa Press, Cárdenas ha confiado en que «nuestros temores no se cumplan» y no acabe por llevarse a cabo la «operación especulativa» que pretende el Gobierno y que parece tener «ya hablada para que alguien que no tiene nada que ver ni con la agricultura ni con la generación de riqueza, seguramente de fuera de España, se quiera convertir en un nuevo terrateniente andaluz».    En esta línea, indica que el hecho de que el Gobierno anunciara la venta y su actitud posterior le hace sospechar que «a lo mejor ya tuviera algo comprometido y ahora les esté costando trabajo dar marcha atrás».    Frente a ello, subraya que «lo que perseguimos desde IU, y en este caso también desde el Gobierno andaluz, es que la finca de La Almoraima sirva para crear empleo, como creó en su tiempo, y la mejor forma de hacerlo es siendo pública».    Dentro de eso, la agricultura «no es para nosotros sólo un uso perfectamente compatible, sino una actividad que hay que potenciar». Por tanto, los agricultores de Castellar «tienen que estar tranquilos, porque nuestra apuesta es defender a los pequeños y medianos agricultores y el modelo de agricultura que hay en Castellar».    Destaca Cárdenas que el planteamiento de la Junta de Andalucía con el Gobierno ha sido el del «diálogo y la negociación», llegando a plantearle oficialmente que le ceda la finca a la Junta, que está «dispuesta a ponerla en valor y crear mucho más empleo del que hay ahora mismo». Sin embargo, «el PP, en lugar de negociar con Andalucía» trata de «imponerse» en este caso para «desaprovechar un patrimonio público y favorecer la especulación, que es lo único que quiere favorecer con esta operación».    Por otro lado, en relación a la decisión del Ayuntamiento de Castellar de archivar el plan especial de usos presentado por La Almoraima, S.A. por considerar que incumple la legalidad, Cárdenas ha recordado que, desde el punto de vista técnico, el plan también cuenta con un  informe de los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Cádiz –gobernada por el PP– proponiendo el desistimiento de dicho plan.

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