En una carta del alcalde dirigida a los vecinos de la localidad, a la que ha tenido acceso Europa Press, les pone al tanto de los últimos acontecimientos en torno al latifundio desde que en marzo de 2013 el Gobierno presentara en el Ayuntamiento su propuesta de Plan Especial de Usos para La Almoraima.
Explica que en ese momento el Consistorio se mostró a favor de que se activara una empresa que podría generar «mucho más trabajo del que genera», iniciándose entonces un proceso negociador en el que pedían que «no se limitaran al turismo de élite y que se incluyera también una zona para instalar industrias del corcho, de zumos, de envasado de verduras, de reciclado y de energías renovables.
La propuesta municipal pretende «apostar por la diversificación de la actividad económica» y no «caer en el error de apostar sólo por el turismo de élite y ver que los ricos se cansan de La Almoraima y se van a hacer safaris a África o a cualquier otro lugar del mundo».
Expone que en verano de 2013 se confirmó que «las verdaderas intenciones del Gobierno son vender la finca completa», pues el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente «nos dice que lo que quieren es hacer caja, es decir, llevarse el dinero a Madrid, y para duplicar el valor de la finca quieren que el Ayuntamiento les apruebe el Plan Especial de Usos».
En noviembre, se reunieron con el ministro Miguel Arias Cañete y éste les confirmó su «decisión firme de vender la finca». Ante ello, le preguntaron que si quieren venderla por 300 millones qué parte se va a invertir en el pueblo para paliar el paro y si se va a obligar a los compradores a realizar las inversiones previstas en el Plan Especial de Usos para paliar el paro en Castellar. La respuesta a ambas preguntas ha sido «el silencio».
Posteriormente, en enero de 2014 y después de solicitar a La Almoraima S.A. la documentación que faltaba del Plan Especial de Usos, el alcalde explica que envió una notificación a la directora de la finca indicándole que lo presentado «no cumple con la legalidad vigente», entre otras cuestiones porque «contempla un aeródromo privado que es ilegal» y tampoco han presentado el informe de impacto ambiental que es «obligatorio». Por tanto, «no puede aprobar algo que es ilegal», instándole a presentar otro plan que sí cumpla la legalidad vigente.
Por otro lado, también en enero, la Junta decidió ampliar los límites del Parque Natural de los Alcornocales y «no consulta al Ayuntamiento». Así, se hizo a la Consejería el mismo planteamiento que al Ministerio, preguntándole qué compensaciones va a recibir el pueblo y qué medidas se van a tomar para generar puestos de trabajo. Sin embargo, «a día de hoy, la señora consejera no ha contestado a la entrevista urgente que le solicité».
El alcalde plantea a los vecinos que tiene «claro» que, «ya sea pública o privada la finca, lo importante para el pueblo es que se genere riqueza y empleo». Por ello, la postura de Alcaldía en relación a este asunto «ha sido siempre garantizar que se realicen inversiones para crear empleo».
En este sentido, argumenta que «el Ministerio puede vender porque la finca es del Estado. La Consejería puede proteger la finca para evitar la especulación urbanística porque es de su competencia». No obstante, se pregunta «donde queda el pueblo de Castellar», pues «hasta este momento ni el Ministerio ni la Consejería se han mostrado sensibles a la situación desesperada por la que estamos pasando».
Por ello, Casanova concluye su escrito a los vecinos dejándoles claro que no apoya «ni al Ministerio ni a la Consejería, me quedo con el pueblo que necesita que se dejen de enfrentamientos y se preocupan por lo que de verdad importa: el empleo».
