Así lo ha indicado a Europa Press el portavoz de Cooperación Alternativa y Acción Solidaria, Francisco Perea, que recuerda que se trata de una situación que «se denunció hace varios meses y de la que no sabemos nada».   Perea ha criticado el delegado territorial de la citada Consejería en Cádiz, Federico Fernández, al que incluso solicita «la dimisión» por su «mala gestión en este asunto». A juicio del activista, «no es de recibo que, por una parte, la Junta acuse a la empresa de obstruir la investigación y anuncie multas mientras que, por otro, deja que siga operando».   Asimismo, explica que su grupo social, junto al colectivo ecologista Agaden, tiene previsto pedir los datos correspondientes a «las sustancias tóxicas y peligrosas» que, según afirman, «han sido enterradas clandestina e ilegalmente por Gamasur».   Ahora que el Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras (Cádiz) «parece puede tomar cartas en el asunto», los activistas esperan que «de una vez por todas» se aclare el caso Gamasur. Una planta que «de forma intermitente para su actividad cuando hay vertidos de lixiviados u otros, pero que a las dos o tres semanas, retoma la misma».   Por su parte, fuentes judiciales han señalado a Europa Press que, por ahora, se está a la espera de «recibir toda la documentación» y, una vez admitida a trámite, se estudiarán las posibles medidas que puedan o deban adoptarse.   Cabe recordar que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordaba este martes suspender el procedimiento sancionador incoado a la empresa Gamasur Campo de Gibraltar, SL, por vertidos tóxicos y gestión inadecuada de residuos industriales en sus instalaciones del paraje Majadal de Bustos en el término municipal de Los Barrios. La decisión obedece a la apertura de un proceso penal por los mismos hechos en el juzgado algecireño.   El expediente sancionador fue iniciado el 26 de abril de 2013 después de constatar que la empresa realizaba «vertidos intencionados» al cauce público del arroyo Chorreón y que en sus instalaciones se enterraban bidones con residuos industriales sin autorización. Estos hechos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal.   La propuesta de resolución del procedimiento ahora suspendido, que incluía como agravante la obstrucción a la inspección de los agentes medioambientales de la Junta, proponía la imposición de una multa de 6,11 millones de euros, así como la adopción de las medidas destinadas a asegurar el pleno cumplimiento de la autorización ambiental integrada otorgada en su momento a la entidad para la gestión de sus instalaciones.