La A.P.B.A. continua con la política iniciada hace años de dejar en manos privadas los servicios que realizan sus propios empleados, el “modus operandi” consiste en dejar sin carga de trabajo al Departamento correspondiente, ejemplo de privatización es la reciente licitación del mantenimiento de las instalaciones eléctricas por un importe de 466.895 €. a pesar de contar con empleados y medios materiales suficientes.
Otro ejemplo de “buena gestión” de los recursos públicos, bajo la excusa de la reorganización, ha sido la privatización del Servicio de Información de la Estación Marítima, que ha sido adjudicado a una empresa privada por un importe de licitación de 120.000 € (cuando el coste de este servicio en gestión directa, ascendía a unos 85.000 €), además, debemos mencionar, que si bien es cierto que se han creado tres nuevos puestos de trabajo, estos se realizan en condiciones de precariedad laboral pues su salario ha sido reducido en un 35%. Nos preguntamos: ¿dónde está el ahorro público y el empleo de calidad?.
Destacar también el imparable avance en cuanto a la adjudicación de diversos contratos, en este y otros puertos de interés general, de la empresa Portel Servicios Telemáticos S.A. (que cuenta con un 51% de capital público y de la que el Sr. Presidente de la APBA es Consejero/Apoderado). Es cuando menos “extraño” que se le estén adjudicando trabajos que no se corresponden con el Objeto Social de la mencionada empresa.
Dicha empresa, pese a que su volumen de negocio es actualmente mayor por las circunstancias mencionadas, se encuentra entre las empresas “susceptibles de privatización” aprobadas por el Consejo de Ministros en marzo del 2012, por lo que quedará en manos de su socio privado –GTD- sin concurrencia alguna. Es decir, las Autoridades Portuarias generan volumen de negocio a esta empresa para que sea rentable, para posteriormente vender las acciones públicas a precio de “saldo” (tasación de 2012).
Los sindicatos Coordinadora, CGT, CCOO y SPPP han emprendido acciones legales para tratar de restituir lo privatizado a lo público como garantía de ahorro y empleo.
