En un comunicado, Saldaña ha defendido la postura del Gobierno de la nación para la «puesta en valor de La Almoraima en beneficio del desarrollo económico, la generación de riqueza y la creación de empleo en Castellar y la comarca del Campo de Gibraltar», lo que, según destaca, «en ningún caso es contrario a la protección medioambiental del enclave». En este sentido, aboga por el desarrollo sostenible de la finca, haciendo compatible la creación de empleo con la protección del medio ambiente, lo que «nunca se ha puesto en cuestión». Incide Saldaña en que la intención del Gobierno del PP es «buscar la eficiencia en la gestión de los recursos de los que disponen y favorecer el beneficio de todos» y recuerda la disposición del Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente de «trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento de Castellar para poner a disposición del pueblo los recursos necesarios para que se generen puestos de trabajo». De hecho, señala que el diálogo sigue abierto y que Ministerio y Ayuntamiento «siguen trabajando en esa línea». Por ello, Saldaña reprocha el «discurso demagógico de PSOE e Izquierda Unida», que califica de «irresponsable y dañino», ya que lo único que consigue, en su opinión, es «paralizar la creación de empleo en detrimento del desarrollo del municipio de Castellar y de la comarca campogibraltareña». Además, cuestiona los argumentos de Jiménez sobre que la gestión privada dará «muy poca capacidad de generar riqueza y empleo. Va a ser una tierra de manos muertas, no una tierra productiva, y una tierra incapaz de estimular el desarrollo económico de la comarca», informando al socialista de que «cuando mejor ha funcionado La Almoraima en beneficio del pueblo ha sido cuando ha estado en manos privadas», recordando que la finca ya fue privada hasta 1982. A su juicio, resulta «llamativo» que el PSOE «dé lecciones sobre La Almoraima cuando en las fincas de su propiedad no da ejemplo e incluso las ha puesto a subasta». En este sentido, recuerda que el Gobierno andaluz «ha subastado más de 20.000 hectáreas de fincas públicas en los últimos años», apuntando que la exconsejera de Agricultura Clara Aguilera «llegó a justificar dicha subasta en que no tenía sentido que la Junta de Andalucía se convirtiera en explotadora de fincas públicas». Asimismo, incide en que la Junta «no puede dar lecciones» teniendo como «aval su nefasta gestión en la finca Majarambú», en el término de Castellar, «300 hectáreas públicas que intentó subastar sin éxito hace más de dos años y que, posteriormente, se comprometió a ceder al Ayuntamiento de Castellar sin que hasta la fecha se haya hecho efectivo». Según Saldaña, la conclusión es que Majarambú lleva «años desaprovechada y sin generar puestos de trabajo por la dejadez e ineficaz gestión del Gobierno socialista de la Junta, por lo que el PSOE es el menos legitimado para dar lecciones», insiste.
